En una conferencia pronunciada en la facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Ruiz-Gallardón aseguró que la despenalización del consumo de drogas supondría "condenar a muerte" e "invitar al suicidio lento" a los drogadictos. "Prefiero soportar los pervrsos excesos del orden público que supone la presencia de drogadictos en las calles".

El candidato "popular" acusó al Ejecutivo socialista de invadir el espacio reservado al poder judicial y de "anular" su independencia, sobre todo en lo que toca al nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al del fiscal general del Estado.

"No es de recibo que éste (el fiscal general) se convierta en abogado del PSOE. Eso ha hecho más daño al poder judicial" que el resto de carncias que, a su juicio, sufre la administración de Justicia.

Aunque no se pronunció explícitamente sobre si el Gobierno indultaría o no a los ex policías Amedo y Domínguez, afirmó que "Corcuera no dijo que no al indulto y, si el fiscal general del Estado recibe a uno (Amedo) y el número dos de la candidatura del PSOE por Madrid -Baltasar Garzón- al otro (Domínguez), la deduccción es clara".

ETA, "CASO POR CASO"

A la pregunta de si un gobierno del PP negociaría con ETA, Gallardón negó rotundamene esta posibilidad pero matizó que si ETA deja definitivamente las armas, estaría dispuesto a analizar "caso por caso" cada una de las condenas impuestas a los terroristas, "sin que quepa reinserción para los condenados por delitos de sangre".

Entre las medidas que propuso para mejorar el sistema judicial figuran la reforma del acceso al CGPJ y un aumento de su autonomía, la territorialización de la administración de Justicia, la priorización de los sistemas de arbitraje en los pleitos civiles y mercatiles para agilizar el "colapso" de los juzgados y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, amen de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyos dos polémicos artículos están recurridos por su partido ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, abogó por la no inclusión del delito de injurias y difamación en el nuevo Código Penal, por una policía judicial que dependa exclusivamente de los jueces, por la retirada del proyecto de jubilación forzosa de los jueces a los 65 años y por el cumplimiento íntegr de las penas de los condenados por narcotráfico, un asunto, según reconoció, de "dudosa y difícil" armonización con la Constitución.

Respecto al aborto, el PP mantendría la ley vigente en sus actuales términos pero la complementaría con "alternativas" al mismo -como ayudas económicas a las embarazadas y agilización de los trámites de adopción- y con una "educación sexual científica e inteligente", aunque no citó en ningún momento los métodos anticonceptivos.