Según informó hoy la cadena Ser, los directores de las prisiones Puerto II, Miguel Angel Rodríguez Ortiz, y de Herrera de la Mancha, José Nimo Bernal, fueron destituidos tras descubrirse la existencia de una red de empresas de suministros y mantenimiento controlada por funcionarios, que prestaba servicio a distintos centros penitenciarios.

Asimismo, fueron cesados el subdirector de Seguridad, Juan José Hernández Ferrer, y el administrador, Isaac Ricardo Gozález López, de la prisión el Puerto II.

Dos de esas empresas, que están siendo investigadas por Asuntos Penitenciarios, son Sumiser y Beliasa, con sede social en Puerto de Santa María y que prestan servicios de suministro y mantenimiento a prisiones españolas.

Según fuentes de Asuntos Penitenciarios citadas por la Ser, el director de la prisión de máxima seguridad de Herrea de la Mancha, José Nimo Bernal, estuvo destinado hasta hace poco menos de un año en la prisión de Puerto II, por lo que pud haber entrado en contacto con la supuesta trama.

Hace tres años, la Federación de Servicios Públicos de UGT en Cádiz abrió una investigación confidencial, que continuó posteriormente Asuntos Penitenciarios para determinar si lo que se sospechaba era cierto, lo que fue confirmado por una auditoría y por las notas de las empresas del registro mercantil de Cádiz.

Asuntos Penitenciarios no descarta que estas empresas pudieran estar suministrando a otras cárceles españolas, incluso andaluzas, por lo ue, según la citada emisora, podría haber más ceses en breve.

Además, la FST de UGT asegura disponer de al menos 200 pruebas de la corrupción existente en las prisiones y su secretario provincial, Carlos Dorante, afirmó que esos indicios no sólo afectan al aspecto económico administrativo, sino que podría existir una red organizada para el tráfico de drogas en buen número de cárceles.

Por otra parte, también ayer la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios destituyó ayer al director del centr penitenciario de Alcázar de San Juan, José Antonio Muñoz López, por diferencias de criterios entre el titular de esta prisión y la administración penitenciaria.