La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) llegaron a un acuerdo con el secretario general de Producciones y Mercados, José Barreiro, por el que cada agricultor recibirá una peseta mensual por cada kilo de patata que almacene, en un plazo máximo de tres meses y sobre una cantidad total de 100.000 toneladas.

Sin embargo, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganderas (COAG) consideró insuficiente esta ayuda y pidió la intervención de la Administración para retirar 200.000 toneladas de patatas del mercado, lo que le supondría un desembolso de 2.000 millones de pesetas.

Esta organización agraria no descartó convocar acciones de protesta en la frontera con Francia si la cláusula de salvaguardia solicitada ayer a la CE, para limitar la importación de patatas comunitarias, no es aceptada.

En la misma reunión, también se acordó la creación de una comisión conunta entre la Administación y las organizaciones agrarias para seguir la cotización de la patata, que elevará sus conclusiones al Ministerio de Agricultura, al final de los tres meses de almacenamiento, para que este adopte nuevas medidas si el precio no ha vuelto a la normalidad.

En este sentido, ASAJA mostró su desacuerdo por no haber podido conseguir de los responsables ministeriales el compromiso de utilizar la intervención tras el plazo de almacenamiento, si los precios percibidos por los agriculores no suben.

El secretario general de Estructuras y Mercados Agrarios, José Barreiro, afirmó que todavía no existían noticias sobre la contestación de la Comisión Europea a las medidas de salvaguardia solicitadas por España, aunque no descartó que el organismo comunitario pidiera a la Administración española más información.

El responsable de la UPA, Fernando Moraleda, afirmó que de no aceptarse dicha petición solicitaría a la Administración un control estricto de las importaciones de patatas, anto en lo referente a calidad como tamaño de los tubérculos, así como que investigara las posibles prácticas de "dumping" (competencia desleal) por parte de otras naciones de la CE.

La aprobación de esta subvención de 300 millones no anula los 1.250 millones de pesetas en créditos subvencionados ya aprobados el mes pasado por el Ministerio de Agricultura, pero según fuentes de las organizaciones agrarias la solicitud de estos por parte de los agricultores ha sido mínima.

Según estas fuentes, ell ha llevado al Ministerio a modificar su actitud en contra de la negociación y pasar de aportar 21 millones de pesetas (por las subvenciones de dichos créditos) a los 300 aprobados hoy.