La lista de estos hoteles fue entregada el pasado fin de semana por un funcionario del ministerio al Sindicato Unificado de Policia (SUP), Asociación Nacional de Polica Uniformada (ANPU) y Unión Federal de Policía (UFP), con la intención, a juicio de éstos, de que fueran ellos los que se encargasen de procurar alojamiento a los funcionarios desplazados.

El lleno que sufren las instalaciones hoteleras de la capital en estos días ha originado que muchos de estos policías, que ya están instalados en pueblos de la periferia de Madrid, Toledo y Guadalajara, hayan tenido que dormir el pasado fin de semana en autocares o en el suelo del gimnasio del complejo policial exisente en Moratalaz.

Los máximos responsables de las tres centrales acusaron hoy al ministerio de hacer dejación de responsabilidades por dejar en sus manos una operación que no les corresponde, como es la búsqueda de alojamiento a los funcionarios, y de dispensar a éstos un trato "inhumano" con respecto a los policías extranjeros que vienen a España.

Recordaron al respecto que el mismo día 19, fecha en que se conoció la designación de Madrid como sede de la conferencia, el ministerio se movilizó pra conseguir plazas de hotel no sólo a los integrantes "políticos" de las delegaciones, sino también a los escoltas.

Pese a todo, los dirigentes de las tres organizaciones, que agrupan al 80 por ciento de los efectivos de las escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, se mostraron hoy convencidos de que la "profesionalidad" de los policías españoles garantizará la seguridad de la Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo.

"Afortunadamente", dijo Pablo Torres, secretario de Organización del SUP,"hay mucha responsabilidad y estimamos que no saldrá en general mal la Conferencia de Paz".

Torres y los responsables sindicales que le sucedieron en el uso de la palabra agradecieron al pueblo de Madrid los cientos de llamadas que han recibido en las sedes de las centrales ofreciendo domicilios particulares para alojar a los 1.500 policías. No obstante, indicó que finalmente no ha sido necesario utilizar esta alternativa.

RESPUESTA DE INTERIOR

Por su parte, el Ministerio del Interior hizo públca una nota horas después de la rueda de prensa en la que afirma que "la Dirección General de la Policía no se ocupa de buscar alojamiento a los funcionarios que se desplazan por razón de servicio, sino que son los interesados los que, a petición propia y de los sindicatos representativos, se encargan de este tipo de gestión".

En su nota, Interior explica que con motivo de la Conferencia de Paz han sido convocados a Madrid funcionarios procedentes de diversas capitales españolas, adscritos a unidades e intervención policial, unidades de reserva general, servicios especiales (caballería, guías caninos y subsuelo) y, en general, brigadas de seguridad ciudadana.

Además, desmintió que los agentes carezcan de alojamiento, porque ante la llegada masiva se estableció como punto de concentración las instalaciones policiales de Pío XII 50, al tiempo que se les dieron los anticipos necesarios para atender a sus gastos de alojamiento.

"A pesar de lo expuesto", agrega la nota de Interior, "a todos los fucionarios que solicitaron ayuda de forma individualizada se les facilitó información sobre hoteles, en algunos de los cuales se habían efectuado pre-reservas, dándose la paradoja de que funcionarios a los que se les había formalizado la reserva la anularon, a pesar de que coincidía su importe con la dieta prevista".

El Ministerio del Interior añade que "la Jefatura de Unidades de Intervención disponía el domingo de plazas hoteleras reservadas para cubrir emergencias, si bien ningún policía hizo demand en este sentido, por lo que se entiende que en la actualidad está resuelto el problema".

"No obstante, y dado que en situaciones como la presente, en que se produce un traslado masivo urgente, este sistema no parece dar los resultados apetecidos, la Dirección General de la Policía está estudiando un procedimiento que asegure al policía un alojamiento digno, desterrando por tanto la práctica anterior, que dejaba estas cuestiones en manos de los propios funcionarios", concluye el comunicado.

AMENAZA E HUELGA

Por otro lado, los responsables de los sindicatos policiales reiteraron hoy que están esperando a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 1992 para decidir si convocan medidas de presión más efectivas que las que están llevando a cabo, ante la situación "insostenible" en que se encuentra el colectivo.

La medida será, casi con toda seguridad, una huelga de celo encubierta (los policías no tienen reconocido el derecho de huelga), consistente en efectuar su trabajo a reglameno, lo cual ralentizará en gran medida determinadas operaciones, como, por ejemplo, el visado de pasaportes en fronteras.

Para ello existe, según reconocieron esta mañana, un "arma" publicitaria inmejorable, como es la celebración en España de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 y la Expo de Sevilla, que no se verán desprovistas de seguridad. No obstante, el resto de España sí puede notar los efectos de esa huelga.

En el análisis que hacen los sindicatos, las manifestaciones callejeras llevadas acabo hasta ahora sólo han servido para que el ministerio incremente la "represión" disciplinaria, incoando expedientes a los activistas sindicales en la Policía (800 de los 1.500 registrados en diez meses que va de 1991).

Estos, por su parte, no están dispuestos a seguir poniendo "las dos mejillas", según el secretario general de la UFP, Fernando Vázquez Romay, y quieren plantar cara al ministro Corcuera, al que piden que exija más dinero a Carlos Solchaga, con la misma valentía con que expedienta a plicías. "A ver si tiene las mismas narices", dijo Vázquez Romay.

Vázquez Romay y Pablo Torres explicaron que, durante los dos últimos años, los policías no han logrado ninguna mejora económica y acusaron a Corcuera de "mentir bellacamente" ante el Parlamento, al anunciar que en 1991 repartiría entre los funcionarios 6.000 millones de pesetas en concepto de complemento de productividad (alrededor de 30.000 pesetas/año por funcionario).

Según los dirigentes sindicales, esta promesa es falsa, como s desprende de lo que les explicó el director general de la Policía, Carlos Conde Duque, en la reunión que mantuvieron con él el jueves de la semana pasada. Conde Duque dijo que los 6.000 millones ofrecidos por Corcuera se reducirán a 2.100, aproximadamente, a causa de los recortes presupuestarios.