En un comunicado de prenssa, Asaja afirma que los tratantes, tras observar que el ganado no ha ido engordado con hormonas, rechazan la compra argumentando que las reses "no han sido criadas con drogas y a los mataderos no les interesa".

Para esta organización, los culpables del uso de sustancias ilegales para el engorde del ganado "son los responsables y gestores de estos centros de despiece, que mantienen su preferencia por este tipo de carne, la tratada con hormonas".

A esta situación contribuye también, según Asaja, que "continúa sin existir un control efectivo por parte de la Administrción central y autonómica sobre la carne que se destina al abastecimiento humano".

Según Asaja, los mataderos prefieren este tipo de carne porque tiene mejor presencia e imagen hacia el consumidor, dado que su aspecto externo es excelente y carente de grasa, a pesar de que su consumo es peligroso para la salud humana.

Finalmente, Asaja señala que la adulteración de la carne está distorsionando el mercado hasta el punto de que la de primera calidad se le está comprando a los ganaderos a un precio nferior, "como si se le estuviera haciendo un favor al productor".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Agricultura consultadas por Servimedia señalaron que carecen de competencias en este materia e indicaron que el máximo jefe de los mataderos es el inspector técnico sanitario, que depende de la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma.

A este respecto, en 1992 las comunidades autónomas tienen previsto analizar cerca de 55.000 muestras de sustancias, dentro del Plan Nacional de Investgación de Residuos en Animales y Carnes Frescas, según una respuesta del Gobierno al grupo parlamentario popular, a la que ha tenido acceso Servimedia.

Las muestras analizadas serán las siguientes: inhibidores y sulfamidas, 36.446; hormonales y tireostáticas, 4.160; antiparasitarios, plaguicidas, metales pesados y beta-agonistas, 3.500; y cloramfenicol, 538.

Una segunda linea de actuación se concreta en la colaboración con la policía judicial para detectar la existencia de redes de fabricación y istribución de ámbito nacional y sus conexiones internacionales, según indica la respuesta del Gobierno.

Además, el pasado 10 de marzo, la Administración central y las comunidades autónomas suscribieron un acuerdo para lograr una actuación homogénea en el control del uso de sustancias prohibidas en la producción animal.

Dicho acuerdo incluye la inspección de todas las explotaciones de cebo de ganado bovino, con la inmovilización de los animales sospechosos, y el muestreo aleatorio de animales vivs y de carnes de importación.

El acuerdo prevé una vigilancia especial para que el marcado y etiquetado se realicen siguiendo la normativa comunitaria para cada tipo de producto o, en caso de que esta no exita, ajustándose a la normativa específica nacional.