Los abogados de la acusación y de los querellados en el "caso Filesa" acudieron esta mañana a recoger 3.470 folios de documentación del sumario, cuyo secreto fue levantado hoy por el juez encargado de la instrucción, Marino Barbero, después de 2 meses de sigilo.

Según Marcos García Montes, letrado que representa a la acción popular, Barbero sólo ha entreado las resoluciones judiciales, los autos de entrada y registro practicados en las últimas semanas y las actas donde se especifican los documentos incautados en las sedes del Banco de España, BBV y PSOE, entre las cerca de 39 entidades registradas por la comisión judicial.

Las fuentes anteriormente citadas comentaron que las actuaciones llevadas en secreto por el juez se han limitado a realizar "una batida" para incautar la documentación financiera sin que los peritos contables hayan tenido tiempo maerial para estudiarla y calcularon que pasará por lo menos un mes antes de que se conozca el informe de los inspectores de Hacienda.

Las partes tendrán no obstante acceso a partir de mañana a los cerca de 42 archivadores de documentación (21 de ellos remitidos a última hora del pasado viernes por el Tribunal de Cuentas), que permanece bajo la custodia del secretario judicial, Ricardo Rodríguez.

INDICIOS DE DELITO

Según las mismas fuentes, aunque todavía no se haya producido el dictamen de los pritos existen "indicios" de la comisión de irregularidades como consecuencia de los registros efectuados y "se confirman en parte" las denuncias del ex contable Carlos van Schowen, ya que demuestran que Filesa pagó múltiples facturas del PSOE y elaboró informes que fueron abonados y sin embargo se encuentran desaparecidos.

Entre las entidades que fueron visitadas por la comisión judicial figuran como es sabido la sede del Banco de España, BBV en Madrid y Bilbao, Banco Atlántico en Barcelona (donde fueon abiertas dos cajas de seguridad, una propiedad del PSC y otra a nombre de Luis Oliveró como apoderado del partido) y Aresbank, que concedió un crédito a Filesa para abonar la cuenta del alquiler de la sede electoral del PSOE en la calle Gobelas de Madrid.

Asimismo, fueron registradas las sedes de Filesa y Time Export, del Viso de Publicidad (responsable de todas las campañas electorales socialistas), Proyecciones Cinematográficas Mabuse (que realizó el vídeo de la campaña electoral del PSOE en 1989 y Distribuidora 2020, aunque no se llegó a entrar en Dorna, una de las empresas de patrocinio y publicidad implicadas por van Schouwen en el caso.

En todas estas entidades fueron recogidas facturas, copias de recibos, documentos originales, cheques y listados de ordenadores, sin contar las 3 carpetas de documentación requisadas en el PSOE y los libros de contabilidad del partido, remitidos por el Tribunal de Cuentas.

De acuerdo con estas mismas fuentes, la investigación ha sido muy general y no e ha centrado en la posible inculpación de los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep María Sala, sin que el juez haya decidido nada relativo a la petición a las Cámaras de la concesión del suplicatorio.

ESCEPTICISMO DE LAS PARTES

El resultado de las diligencias ha causado escepticismo en algunos de los abogados, como es el caso de García Montes, que considera que, sin los informes periciales, poco habrá que preguntar a los aforados, que declararán ante el juez los próximos días 1 y 3 de iciembre, respectivamente.

Asimismo, García Montes expresó su temor a que el proceso se centre sólo en la financiación del PSOE, cuando "aún no ha sido aclarado qué beneficios obtuvieron grandes empresas y bancos que pagaron enormes cantidades por unos informes estériles que suponían una donación al partido" socialista.

Respecto a la posible citación al presidente del BBV, Emilio Ybarra, y a la viuda del banquero Pedro Toledo, el letrado reiteró su deseo de que ambos aclaren la desaparición de uninforme por el que pagaron cerca de 100 millones de pesetas a Filesa.

García Montes estimó en un mes el período mínimo para estar capacitado y solicitar la práctica de nuevas pruebas, tras estudiar toda la documentación entregada hoy, mientras que fuentes próximas a la investigación anunciaron que las próximas pruebas a practicar serán los interrogatorios a los aforados y a la secretaria de Filesa, Lourdes Correa.

El resto de los abogados del caso que se personaron en el Tribunal Supremo, entre elos el defensor de Carlos Navarro, Pablo Jiménez de Parga, y el de Alberto Flores, Horacio Oliva, no hicieron observaciones sobre los 3.470 folios.

Unicamente Oliva comentó "la forma tan 'sui generis' de instruir de Barbero". El abogado del PP Juan Ramón Montero envió a su procurador a recoger la documentación.