En una providencia notificada hoy al magistrado, la Sala integrada por Enrique Ruiz Vadillo, Luis Román Puerta y José Augusto de Vega vuelve a ocuparse del caso, una vez resuelto el incidente de recusación planteado por AINCO, que fue desestimado por el Alto Tribunal.

En el texto, la Sala se da por enterada de la disolución de las Cámaras y pide a Barbero que remita "un escrito en relación de la participación o no del senaor, respecto a uno o varios hechos penales, y determine, en su caso, lugar o lugares en los que, a efectos, por ahora, puramente competenciales y sin prejuzgar ninguna otra decisión, se entienden cometidas las infracciones penales que indiciaria o provisionalmente se puedan imputar al senador".

El nuevo requerimiento pretende determinar la competencia del Alto Tribunal sobre el "caso Filesa", después de que los parlamentarios socialistas presuntamente implicados en la financiación ilegal del PSOE perderan su fuero tras la disolución de las Cortes.

Sin embargo, Sala continúa siendo diputado en el Parlamento catalán, por lo que, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, sólo el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad es competente para investigarle, excepto si el presunto delito se comete fuera de Cataluña. En este caso, la causa debe ser llevada por el Tribunal Supremo.

El tribunal no da un plazo al instructor para contestar, por lo que es posible que Barbero espere a conocer los infrmes que sobre la competencia deben presentar las partes antes de pronunciarse al respecto. Barbero deberá emitir también su opinión sobre la competencia del Supremo para continuar con las investigaciones del "caso Filesa", tal y como acordó el pleno de la Sala Segunda hace dos semanas.

El plazo para presentar las alegaciones concluye el próximo jueves, día 6, y hasta el momento sólo el abogado Marcos García Montes, que representa la acusación particular en nombre del empresario Christian Jiménez, ha resentado su informe, en el que defiende la competencia del Supremo para investigar a Sala y Carlos Navarro.

En su escrito, el letrado acusa al PSOE de adelantar las elecciones dentro de "su estrategia" para obstruir la investigación de Barbero, al que califica de "recto y honrado magistrado incorruptible".

García Montes considera que la ley de 1912, que establece la competencia del Supremo sobre las causas contra aforados hasta el final del proceso "con independencia de la vida legislativa de la Cámaras", continúa vigente y no ha sido derogada por la Constitución de 1978.

INFORME DE LA FISCALIA

Por otra parte, fuentes jurídicas informaron que el fiscal del caso, Antonio Salinas, ya ha presentado su informe sobre la competencia aunque su contenido no será notificado a la Sala hasta que se agote el plazo otorgado para la remisión de las alegaciones.

Fuentes de las Fiscalía General del Estado explicaron a Servimedia que la secretaría técnica de este organismo realizó un estudio previo sore la competencia del Supremo en las causas contra aforados, una vez disueltas las Cortes.

Estos fiscales sí estimaron que la ley de 1912 estaba derogada por la Constitución, ya que el texto de la Carta Magna señala claramente que el fuero se extingue con la disolución de las Cortes.

La secretaría técnica advirtió sin embargo al fiscal general el problema que se planteaba en el "caso Filesa" ante la condición de diputado catalán de Sala.

Los fiscales tenían claro que la competencia corresponía al TSJ de Cataluña si los hechos se habían producido en el ámbito de esta comunidad, pero el instructor de la causa no había llegado a una conclusión sobre los indicios de delito contra el parlamentario y tampoco se había pronunciado sobre la ubicación territorial de los hechos imputados.

Las mismas fuentes dijeron desconocer si el fiscal general había dado una instrucción concreta a Salinas con respecto a la competencia.