La iniciativa de Esquerra se enmarca en la facultad que tienen los parlamentos autonómicos para plantear cambios en normativas a nivel estatal si las Cortes Generales así lo aprueban posteriormente.

Esta propuesta está inspirada y dialogada con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y ha sido enriquecida por el movimiento asociativo catalán a través del Cocarmi y personas expertas del mundo de la academia de esa comunidad autónoma.

El texto presentado por Esquerra, y que está rubricado por los diputados Ester Capella y Carles Campuzano, señala que las prestaciones no contributivas destinadas a personas con discapacidad están sujetas a “crecimientos mínimos”, lo que provoca que la brecha entre estas personas y las que perciben pensiones contributivas sea cada vez mayor. Ello, a su juicio, perjudica la capacidad económica de los perceptores con discapacidad que, además, suelen tener más necesidades de gasto por su situación. Así, justifica que se incrementen las prestaciones no contributivas hasta que se sitúen en el 80% del salario mínimo interprofesional (SMI).

Además, defiende modificar la legislación para que, a la hora de conceder una prestación no contributiva, se tenga en cuenta únicamente desde la Seguridad Social la capacidad económica de la persona con discapacidad solicitante y no la de su familia. Lo contrario, según Esquerra, impide promover la autonomía económica de la persona con discapacidad, tal y como mandatan normas como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad o la propia Constitución Española, reformada en su artículo 49 el pasado año para reforzar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía.

El objetivo de este cambio normativo es “evitar que las personas con discapacidad experimenten un castigo económico por la situación económica en la que esté la familia, pues es una práctica que no refleja en modo alguno la realidad de su situación y que limita gravemente sus oportunidades de conseguir una vida independiente y digna”.

Con este fin, se proponen modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social para eximir al solicitante de una pensión no contributiva con discapacidad de la obligación de presentar el documento con los ingresos de su familia, mientras dejan de computar el resto de miembros de la familia para el cálculo de la pensión.

En paralelo, Esquerra plantea cambiar la nomenclatura, al pasar del actual término de ‘pensión de invalidez’ por ‘pensión de incapacidad’, con el fin de adecuar la normativa española a los estándares de la Convención Internacional de la Discapacidad.

También pide la exención fiscal de la pensión no contributiva de incapacidad en los mismos términos y condiciones establecidos en el artículo 7.h de la Ley del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, por la pensión por hijo a cargo.