Carballo, para la que el fiscal pide 6 años de inhabilitación especial or cooperar en dichos delitos, indicó que no han recibido el requerimiento para depositar las fianzas exigidas por el Supremo.

Fuentes jurídicas informaron que el paso siguiente a la decisión de apertura del jucio oral es el requerimiento de las fianzas, 50 millones de pesetas para Pérez Villar y 20 para su esposa.

A partir de que reciban ese requerimiento, los acusados tienen un plazo de 24 horas para depositiar las finanzas. En caso de declarse insolventes, deberá ser la Junta de Castilla y Leó la que haga frente al pago, al ser considerada responsable civil subsidiaria.

El Tribunal Supremo declaró la apertura del jucio oral contra Pérez Villar por presuntos delitos de fraude y prevaricación durante su etapa al frente de la Consejería de Economía de Castilla y León.

El Supremo, que también ha fijado una fianza de 50 millones de pesetas para el entonces director general de Economía, Javier Valenzuela, investigará la presunta concesión irregular de subvenciones a empresas mineras durantelos años 1987 y 1988.