Así se expresó hoy Espinosa en la presentación oficial de esta ley celebrada en el Parador de Sigüenza (Guadalajara), donde compareció junto al alcalde de este municipio, Francisco Domingo, y el consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez.

Según la ministra, la ley permitirá "un desarrollo justo y viable para el medio rural", haciendo especial incidencia en los jóvenes y las mujeres, "de quienes depende en gran medida el futuro de estas regiones".

Asimismo, prosiguió Espinosa, equiparará los derechos y las oportunidades de los habitantes del medio rural garantizando servicios y niveles de vida equiparables a los de las ciudades, frenará el despoblamiennto y la desertificación, y protegerá el medio ambiente.

Por todo ello, concluyó que "pone mecanismos para que enlos próximos años haya una mayor presencia de las zonas rurales en la economía general española".

La nueva normativa afecta a todos los municipios de menos de 30.000 habitantes, lo que supone el 90% del territorio y el 35% de la población. Concretamente, 7.884 de los 8.110 municipios españoles.

Establece políticas de carácter horizontal en desarrollo rural en materias como educación, cultura, sanidad, vivienda, transportes, comunicación entre territorios y seguridad en el medio rural, entre otras.

También pretende lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del patrimonio natural, favoreciendo la biodiversidad o facilitando, en su caso, su recuperación, y propiciando una mejor planificación de los recursos naturales.

El proyecto de ley integra, por primera vez, la actuación de 12 departamentos ministeriales, con el fin de que todas las políticas en el medio rural tengan un carácter coordinado y convergente, creando para ello la Comisión Interministerial para el Medio Rural, formada por todos los departamentos afectados.

Por otra parte, y para establecer la debida coordinación de las políticas rurales, crea un Consejo para el Medio Rural que integra a la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Finalmente, establece también entre sus instrumentos una Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, destinada a canalizar las demandas de estos colectivos, con representantes en todos los puntos del territorio (redes de desarrollo rural, organizaciones profesionales agrarias, Confederación de Cooperativas, ecologistas, etc.).