Los inquilinos de estas viviendas, que han sido promovidas por el Ivima en el barrio de La Ventilla, pagarán una renta mensual de entre 170 y 260 euros, dependiendo de la superficie.

Aguirre recordó que en 2004 se pusieron en marcha 17.217 viviendas protegidas, y en el año 2005 se batió un récord, ya que se iniciaron 20.662 viviendas protegidas.

Asimismo, la presidenta destacó que las viviendas que entregó hoy tienen un alquiler mensual que va desde los 170 hasta los 260 euros dependiendo de la superficie, incluida plaza de garaje.

También señalo que la política de viviendas del Gobierno regional beneficia a madrileños de todas las edades, y precisó que se han adjudicado viviendas al cupo reservado a los jóvenes, al de los mayores de 65 años, a discapacitados con necesidad de vivienda adaptada y a un nuevo cupo: el de separados o divorciados.

Esperanza Aguirre hizo hincapié en este cupo específico, porque "es la primera vez en España que se crea un cupo para separados o divorciados. Me comprometí a ello y ya es una realidad", aseguró.

Además de las viviendas reservadas a personas separadas o divorciadas (40), se han determinado los habituales cupos destinados a jóvenes menores de 35 años (99 pisos), a mayores de 65 años (40 pisos), a discapacitados (nueve pisos) y otros 60 pisos para el resto de los solicitantes.

TODAS CON APARCAMIENTO

Los inquilinos de estas viviendas, cuyas rentas no superan los 15.000 euros anuales, pagarán una renta mensual de 3,5 euros por metros cuadrado útil. De las 248 viviendas adjudicadas, 72 disponen de un dormitorio y 167 de dos, y todas disponen de una plaza de aparcamiento.

La Comunidad de Madrid ha reservado para las personas separadas y divorciadas algunas de las viviendas que cuentan con dos dormitorios para que puedan atender sus obligaciones familiares, disponiendo de una habitación para alojar a sus hijos en caso de tenerlos.

Los inquilinos de estos pisos, que se distribuyen en dos dormitorios, salón, cocina y baño, equivalentes a una superficie máxima de 80 metros cuadrados, pagarán una renta mensual de 260 euros. Las viviendas de un dormitorio tienen una superficie de 50 metros cuadrados y tendrán un precio de 170 euros al mes.

Un total de 128 personas separadas y divorciadas han optado a estas viviendas públicas, para lo que han tenido que justificar su condición mediante resolución judicial de separación o divorcio, o a través de las denominadas medidas paternofiliales adoptadas por el juez en caso de ruptura de pareja de hecho cuando ésta tiene hijos.

En esta resolución judicial debe quedar claro que el solicitante ha sido privado del uso y disfrute de la vivienda conyugal.