Esta es una de las conclusiones del estudio "El aborto en el Estado Español", que fue presentado hoy en Madrid por ambas entidades.

Para GIE y ACAI, una ley de plazos que contemple el acceso al aborto por decisión libre e individual de la mujer, eliminaría las diferencias entre las comunidades autónomas en materia de información, servicios y financiación. Esta ley sustituiría a la normativa actual que sólo contempla la libre interrupción del embarazo en caso de riesgo para la salud de la madre o el hijo, o en el supuesto de violación.

La portavoz de ACAI, Francisca García, afirmó que "el Gobierno debería ser más valiente para hablar del aborto y está obligado a actuar".

El estudio pone de manifiesto que "la regulación sobre atención al aborto es insuficiente y desigual con respecto a unas CCAA y otras". Ninguna autonomía cuenta con un protocolo de atención al aborto, aunque cinco de ellas hacen referencia a éste en sus planes sanitarios: Extremadura, Cantabria, País Vasco, Cataluña y Madrid.

Por su parte, Aragón incluye la asistencia a la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación en su Ley de Sanidad según explican representates de GIE y ACAI.

La situación del aborto en España se aborda, en este documento, desde tres perspectivas: información, servicios y financiación, según las cuales, Andalucía se convertiría en el ejemplo a seguir por ser la única comunidad donde se "garantizan mínimamente los tres aspectos".

Según Marta O'Kelly, directora de GIE, "al no existir protocolos comunes, la información depende del profesional que atiende en cada caso y muchas mujeres tienen miedo a preguntar".

El estudio también resalta que los servicios para practicar abortos son escasos. Los datos obtenidos por GIE dicen que sólo el 3% de las interrupciones se dan en centros públicos. En este sentido, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza, con el 10% de intervenciones en hospitales públicos, seguida de Cantabria, País Vasco y Galicia.

La mayoría de las interrupciones, que oscilan entre 350 y 400 euros, se las tiene que costear la propia embarazada, según revela el estudio. Sólo en Andalucía se garantiza el acceso gratuito a la prestación a través de un sistema de conciertos con centros privados acreditados para la interrupción del embarazo.

ACAI y GIE consideran el sistema de financiación andaluz como el más apropiado y el que debería seguirse en el resto de España bajo un protocolo común, porque asegura que los gastos corran a cargo de la Sanidad Pública, aunque "la intervención se realice en centros privados, que son los que cuentan con mayores recursos técnicos y humanos".