El 54,9 por ciento de los ciudadanos cree que es preferible gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque eso signifique pagar más impuestos, frente al 24,5 por ciento que prefiere pagar menos, aunque reciba a cambio menos prestaciones.

Una amplia mayoría, el 70,5 por ciento, cree que los servicios sociales deben ser públicos y financiarse mediante impuestos. Sólo un 15,3 por ciento aboga por contribuir a esa financiación mediante tasas de los usuarios.

En el caso de las pensiones de la Seguridad Social, el 73 por ciento defiende la financiación mediante cotizaciones y el 29,1 por ciento matiza que deben ser públicas, pero se debe permitir a los trabajadores que lo deseen destinar al menos una parte de sus cotizaciones a planes de pensiones privados.

En cuanto a la educación, el 81,3 por ciento asegura que debe ser pública y financiada mediante impuestos, y sólo el 10,8 por ciento estaría de acuerdo con introducir tasas de los usuarios para contribuir a esa financiación.

Esta opinión se acentúa aún más en el caso de la sanidad. El 85,7 por ciento desea que se financie únicamente mediante impuestos y sólo el 8 por ciento ve bien la introducción de tasas.

En esta línea, el 82,8 por ciento de los ciudadanos se muestra en desacuerdo con la idea de que se pueden recortar prestaciones si ello es necesario para que España siga siendo competitiva.

Tampoco están de acuerdo con recortar protección a los mayores para trasladarla a ayudas a los jóvenes para encontrar empleo y vivienda. Un 46,6 por ciento está de acuerdo con la idea de que los inmigrantes son necesarios para mantener el sistema de protección actual, pero el 26,4 por ciento no lo cree así.

El 68 por ciento de los ciudadanos cree que el Estado debe ser responsable del bienestar de todos los ciudadanos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas, mientras que el 23,1 por ciento opina que sólo debe responsabilizarse de los más desfavorecidos. El 5,5 por ciento dice que los ciudadanos deben ser responsables de su propio bienestar.

En coherencia con esta idea, la mayoría ve al Gobierno central como el principal responsable de gestionar las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Son menos los que responsabilizan a las comunidades autónomas y escasos los que señalan la Unión Europea, pese a que las tres últimas materias son en gran medida competencia de los ejecutivos autonómicos.

MAS AYUDAS PARA LOS MAYORES

Los ciudadanos creen, en su mayoría, que los colectivos más desfavorecidos reciben poca protección por parte del Estado, según los datos del CIS.

Esa escasez es especialmente denunciada en los casos de las personas mayores que viven solas, los pensionistas, los jóvenes, las mujeres trabajadoras y los parados. Se reduce en los casos de las clases medias y de los inmigrantes.

A juicio de los ciudadanos, el colectivo más protegido por el Estado deberían ser las personas mayores que viven solas (77,5%), seguidas muy de lejos por los pensionistas (38,2%), los jóvenes (26,6%), los parados (24,7%) y las mujeres trabajadoras (14,5%).

Hay una serie de medidas que los ciudadanos valoran de forma muy diferente a la hora de evitar problemas de financiación en el sistema de pensiones.

Se muestran altamente partidarios, por ejemplo, de fomentar la incorporación de la mujer al mercado laboral (81%), de regularizar el trabajo de los inmigrantes para que coticen (77,2%) y de fomentar la natalidad (70,1%), pero no de subir las cuotas de la Seguridad Social, de retrasar la edad de jubilación o de aumentar el número de años trabajados necesarios para cobrar pensión.

Los servicios públicos que mejor funcionan, a juicio de los ciudadanos, son, por este orden, los de correos, transporte urbano, la asistencia en los centros de salud, los ferrocarriles, los hospitales, la Policía y la enseñanza.

A partir de ahí, son más los que piensan que funcionan poco o nada eficientemente. Es el caso de las oficinas de la Administración, el transporte aéreo, los servicios sociales, la gestión de los subsidios de desempleo y de las pensiones, y la Administración de Justicia.

En casi todos ellos los ciudadanos cree que los recursos destinados por el Estado son escasos. Sólo en Defensa los recursos son considerados ajustados o, incluso, excesivos.

Los servicios en los que los ciudadanos se oponen más a un posible recorte son la sanidad (94,1%), las pensiones (92,6%), la enseñanza (91,9%), la seguridad ciudadana (88,7%), la vivienda (87,6%), la protección por desempleo (86,1%), la protección del medio ambiente (84,7%), la cultura (82,7%), laJusticia (82%), los transportes (78,6%), la agricultura (78,2%) y las obras públicas (70,2%).

Sólo en Defensa se igualan los porcentajes de quienes estarían a favor (44,3%) y en contra (44,5%) de un recorte del gasto público.

El 33,4 por ciento responde que la sociedad es muy injusta cuando se pregunta por la causa de que existan personas desfavorecidas. El 18,1 por ciento lo considera una consecuencia inevitable del progreso moderno, el 15,9 por ciento cree que esas personas no han tenido suerte y el 14,3 por ciento les achaca pereza o falta de voluntad.

Cuando se pide a los ciudadanos que señalen los tres principales problemas que afectan a España, el 61,4 por ciento señala el paro, seguido del terrorismo, apuntado por el 49,7 por ciento. Siguen la inmigración (23,6%) y la vivienda (21,6%), y en esta escala el funcionamiento de los servicios públicos es señalada sólo por el 0,6 por ciento.

Los porcentajes varían cuando se pregunta por los problemas que les afectan más personalmente. El 30,2 por ciento señala el paro, seguido de la vivienda (26,2%), los problemas económicos (18,3%) y la inseguridad ciudadana (13,8%). El terrorismo sólo es señalado por el 6,3 por ciento.

Estos datos se extrajeron a partir de 2.490 entrevistas a ciudadanos mayores de edad de 167 municipios y 46 provincias entre los días 18 y 27 del pasado mes de febrero.