En su encuesta correspondiente a marzo, en la que pregunta sobre los malos tratos a mujeres, el 82,9 por ciento de los ciudadanos opina que también provoca estas actitudes la crisis de pareja y los problemas derivados de la separación; el 79,3 por ciento las achaca a haber sufrido malos tratos físicos o sexuales y el 66,2 por ciento las atribuye al paro.

El bajo nivel educativo (59,7 por ciento), la pobreza (55,6 por ciento), la forma en la que se reparte el poder entre sexos (55 por ciento) y la violencia en las películas y series emitidas en la televisión (54,5 por ciento), son otras de las causas que mencionan los españoles.

Por otra parte, la encuesta revela que los ciudadanos ven al Estado y los juzgados como las instituciones que inspiran menos confianza a las mujeres que denuncian malos tratos, mientras que la familia y las organizaciones de mujeres son las que perciben que pueden prestar más ayuda.

El 59,8 por ciento de los encuestados cree que las mujeres que sufren malos tratos pueden tener poca o ninguna confianza en el Estado y el 58 por ciento opina lo mismo de los juzgados. Tampoco confían, según el 52,9 por ciento, en la Policía ni, en opinión del 52,6, en los abogados.

En cambio, el 81,2 por ciento piensa que las víctimas de violencia doméstica encuentran mucho o bastante respaldo en la familia, y el 79,6 por ciento cree que pueden confiar en las organizaciones de mujeres. El 75 por ciento se refiere a los amigos; el 74,5 por ciento, a los servicios médicos y el 71 por ciento, a los servicios sociales.

EFICACIA DE LA LEY INTEGRAL

En cuanto a la Ley Integral Contra la Violencia de Género, de la que ha oído hablar el 52,9 por ciento de los encuestados, el 30,8 por ciento piensa que será bastante eficaz y el 5,5 que lo será mucho, mientras que el 21,4 y el 5,2 auguran que será poco o nada eficaz, respectivamente.

Entre quienes opinan que será eficaz, el 17,7 por ciento lo atribuye a que mejorará la vida de las mujeres, el 12,1 a supone más garantías, el 12,6 por ciento a que establece más servicios y medios y el 11,3, a que endurece las penas.

En el caso contrario, el 17,4 por ciento augura poca eficacia por desconfianza en su funcionamiento, el 15,7 por ciento a que es insuficiente; el 13,8 a que es un problema sin solución; el 10,7 por ciento a falta de medios para aplicarla y el 8,2, a que los castigos deben ser más duros.

Esta encuesta fue realizada entre los días 29 de marzo y 6 de abril con 2.488 entrevistas personales y un margen de error real de más menos dos por ciento para un nivel de confianza del 95,5 por ciento.