La encuesta del IEF analiza la relación entre los impuestos y la oferta pública de servicios y prestaciones, el comportamiento de los contribuyentes, la imagen corporativa de la Hacienda Pública y la colaboración social en la lucha contra el fraude.

Con la publicación de este estudio se retoma la difusión del barómetro fiscal anual elaborado por el IEF, que se había suspendido en los últimos años.

En cuanto a los resultados, casi la mitad de los encuestados (48%) estima que la sanidad es el servicio público que más justifica el pago de impuestos, seguido por la educación para un 16% de los preguntados.

Asimismo, un 36% de los ciudadanos opina que la sanidad es el servicio público que más ha mejorado en los últimos años, seguido de las infraestructuras, con un 27%.

El trabajo también se ocupa del comportamiento de los contribuyentes respecto al cumplimiento fiscal. De hecho, más de dos tercios de los encuestados opina que el pago de impuestos ha mejorado en la última década y un 59% considera que ha disminuido el fraude fiscal.

FRAUDE SISTEMATICO

Al igual que en años anteriores, los españoles manifiestan su convencimiento de que existen colectivos que defraudan habitual y sistemáticamente a Hacienda. Son aquéllos cuyas actividades económicas, al no estar sometidas a retención, están menos controlados por la Administración.

Por ello, se atribuye el mayor grado de honestidad fiscal a los asalariados, mientras que se duda de la conducta tributaria de los empresarios y los profesionales liberales.

En concreto, un 68% de los encuestados opina que los empresarios defraudan habitualmente a Hacienda; un 33% cree que lo hacen los profesionales liberales y un 30% los autónomos, mientras que sólo un 2% considera que los asalariados defraudan habitualmente.

Los ciudadanos también tienen muy clara su posición cuando se les pregunta por la colaboración social en la lucha contra el fraude, ya que dos terceras partes se declara contraria a comunicar a la Agencia Tributaria los casos de fraude fiscal que, eventualmente, pudieran llegar a su conocimiento.

En cuanto a la explicaciónn del fraude, un 57% de los encuestados opina que no se puede justificar en ningún caso, mientras que un 34% cree que hay circunstancias en la vida personal o empresarial que justifican un cierto fraude para salir adelante.

CONTRA EL DEFRAUDADOR

En todo caso, estos resultados no significan que no exista un compromiso de la ciudadanía en la lucha contra la elusión fiscal, ya que las tres cuartas partes de los entrevistados señalan que no contratarían servicios con una empresa o un profesional que figurara en una lista de defraudadores.

Además, casi la totalidad de los encuestados estima que el comportamiento defraudador tiene consecuencias negativas: un 34% cree que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales y para un 22% obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen.

Por otro lado, un 73% de los ciudadanos opina que si se impartiera algún tipo de educación cívico-fiscal en la etapa escolar, se mejoraría el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

BUENA IMAGEN DE LA HACIENDA

El estudio del IEF también se ocupa de analizar la imagen corporativa de la Hacienda Pública y, a pesar de los avances que se observan en la práctica tributaria, son muchos los ciudadanos que insisten en las dificultades que tienen para comprender la normativa fiscal y para cumplimentar las declaraciones tributarias.

Así, los servicios de la Agencia Tributaria (AEAT) son conocidos por dos tercios de la población, si bien solamente un tercio los utiliza. No obstante, la proporción de usuarios que utiliza los servicios del organismo continúa aumentando año a año, alcanzando sus niveles más altos en 2004.

Los que conocen esos servicios tienen una imagen claramente positiva de los mismos: casi nueve de cada diez encuestados valora la capacidad de la Agencia Tributaria para resolver sus problemas.