Este convenio, que sustituye al convenio anterior (de 1994), del que España ya es parte, busca también fomentar la gestión duradera de los bosques tropicales productores de madera.

Promueve, igualmente, la elaboración y aplicación de criterios e indicadores que puedan servir para comparar distintos sistemas de gestión forestal sostenible.

El acuerdo tiene en cuenta tanto los aspectos comerciales, económicos, ambientales y sociales de las maderas y productos forestales no madereros y de los bosques, como la contribución de la ordenación forestal al desarrollo sostenible y al alivio de la pobreza.