"Estas camas 'piratas'", explicó Moya, "están centralizadas en residencias de la tercera edad ubicadas en grandes núcleos de población, como son las ciudades de Madrid, Barcelna y Valencia".

Pese a su carácter ilegal, sus precios apenas difieren de los de las camas legales: cerca de 150.000 pesetas mensuales para las personas que precisan asistencia continuada, las llamadas personas asistidas.

A juicio del presidente de la Federación Nacional de Residencias Privadas de la Tercera Edad, "para evitar la aparición de centros clandestinos hay que pedir a las familias que sean más exigentes con los centros que eligen para sus parientes. Que pidan los permisos de apertura yfuncionamiento, el reglamento interno, la carta de derechos y deberes de los residentes y listas de precios".

Para evitar la cladestinidad de centros residenciales de la tercera edad, las comunidades autónomas llevan a cabo inspecciones rutinarias de acuerdo con la ley vigente. "En estas inspecciones", explicó Moya, "se comprueba la capacidad del edificio y si coincide con el número de residentes que debe haber, las características humanas de la plantilla (1 trabajador por cada 3 internos no válidos)también las características arquitectónicas del centro".

REIVINDICACIONES

Por otra perte, el presidente de la Federación Nacional de Residencias Privadas de la Tercera Edad destacó la necesidad de catalogar las diferentes residencias en función de los medios de que disponen y los servicios que prestan, con un sistema que permita establecer de forma objetiva niveles y categorías.

"Actualmente no hay ningún tipo de contacto con la Administración, pero sería bueno sentarse a negociar con el fin d determinar cuotas de concertación, equiparación legal del sector en las distintas comunidades autónomas y un trato fiscal más favorable para el interno o para los familiares", señaló Juan Antonio Moya.

En opinión del presidente de la patronal de residencias privadas para la tercera edad, "las administraciones públicas y la iniciativa privada deben colaborar codo con codo para atender las necesidades de nuestros mayores y para que alcancen un nivel de bienestar social equilibrado y de mayor justicia scial".

"Nuestro compromiso", añadió Moya, "es con los mayores; ellos han evolucionado y nuestros centros lo han hecho también. Queremos integrar las residencia en el propio barrio y en sus gentes, no ir sólo al negocio. Nuestro personal cada vez está más profesionalizado, y pretendemos armonizar gastos y ofrecer una mejor oferta de servicios".

A juicio del presidente de la Federación Nacional de Residencias Privadas para la Tercera Edad, "actualmente existe una oferta muy competitiva entre los cetros residenciales y los abuelos están muy informados sobre sus derechos y deberes, por lo que están mejor preparados que nunca para elegir el lugar donde desean vivir. Esto es bueno para todos porque hace que trabajemos más por ellos y por ofrecerles los mejores servicios al mejor precio".