Según la AEGE, el compromiso español con Kioto (emitir sólo un 15% más de CO2 que en 1990) es imposible de cumplir aunque se cerrara toda la industria y se pararan todos los automóviles del país, porque ese objetivo "no era coherente con la convergencia real de la economía española con Europa".

Penacho recordó que el CO2 está detrás del crecimento económico y defendió la tesis de que, un año después de que España haya ratificado el protocolo, la única salida ante el incumplimiento del mismo por exceso de emisiones es comprar derechos de emisión a países que no agotan los suyos.

Solamente entre las empresas eléctricas, siderúrgicas, cementeras, papeleras y cerámicas se genera entre el 35% y el 40% del total de CO2 en España. Según la asociación que las engloba a todas, la Administración ha dado muestra en los últimos meses de comprender el roblema y apuesta por crear un Fondo de Carbono que estaría pagado por "la sociedad española".

La cantidad a pagar por derechos de emisión se desconoce, porque no hay un mercado constituido pese a que la UE lo contempla, pero podría oscilar desde 5 euros/tonelada hasta 100 euros/Tn.