De esta cantidad, 34 millones de euros corresponden a medidas para la prevención y gestión de crisis de mercado, lo que supone más del 10% del total. Las medidas por este concepto, si bien disminuyen un 2% con respecto a 2021, aumentan un 34% en relación a la media de los últimos 8 años.

Las beneficiarias de estas ayudas serán 465 organizaciones de productores repartidas en 15 comunidades autónomas, entre las que destacan, en términos de valor de producción comercializada y en consecuencia de ayuda solicitada, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra y Extremadura.

España, de acuerdo con el último dato disponible, es el primer Estado miembro por ejecución de los programas operativos, con más del 30% del total de la Unión Europea (UE), seguido por Italia. Hay que destacar que en España esta ayuda ha seguido una evolución al alza desde su creación en 1997.

La comunicación enviada a la Comisión responde a la previsión que se realiza a principio de cada anualidad en función de los programas operativos aprobados por las comunidades autónomas. La ayuda final suele situarse aproximadamente entre el 80% y el 85% de la cifra estimada.

INFRAESTRUCTURAS

En virtud de este régimen, las organizaciones de productores que constituyan un fondo operativo tienen la posibilidad de acceder a ayudas para realizar diversas acciones en el marco de los programas operativos de carácter plurianual. Entre otras medidas se contemplan la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, de la calidad y medio ambiente, de investigación, formación y asesoría, y de prevención y gestión de crisis de mercado.

Estos fondos operativos quedan así formados por los importes de ayuda de la Unión Europea y por las contribuciones de las propias organizaciones de productores o de sus miembros, y son los que financian las actividades.

Las organizaciones de productores se pueden beneficiar de una ayuda de la Unión Europea del 50% del coste de las acciones realizadas (el 60% en determinados casos), hasta un límite del 4,1% del valor de la producción comercializada, que se puede elevar al 4,6% en el caso de acciones de prevención y gestión de crisis.