Dicho estudio también alerta del incremento notable de las desigualdades en España y advierte que la transferencia de las políticas de bienestar a las comunidades autónomas está dando como resultado una aplicación desigual de estas políticas.

Juan Antonio Garde, editor del informe, puso de manifiesto la disminución del gasto social en los últimos años, en los que se ha pasado de dedicar el 21,37% de PIB a protección social en 1996, a un 19,51% en el año 2001.

Además de este recorte, Garde apuntó otras causas del aumento de las desigualdades, como el incremento de los impuestos indirectos, el vaciado de los impuestos patrimoniales para determinadas fuentes o la propuesta de eliminar el Impuesto de Sucesiones.

"Estamos asistiendo a una transformación de la matriz distributiva de los ingresos en una línea de mayor desigualdad en la distribución de la renta después de impuestos, con menor gastosocial y con una estructura diferente de los impuestos que se pagan", aseveró Garde.

Por todo ello, advirtió del riesgo de que, en un futuro, aumente la evolución de los niveles de desigualdad en la distribución de la renta. También recalcó que, con las condiciones actuales del mercado de trabajo y del acceso a la vivienda, "la situación que se plantea es ciertamente preocupante para los más jóvenes y los sectores más desafavorecidos de la sociedad".

Para frenar esta dinámica, el Informe 2003 platea la necesidad de establecer un modelo renovado de bienestar que haga frente a la debilitación de las políticas sociales y al desarrollo de nuevas necesidades derivadas del incremento de la esperanza de vida, de la incorporación de la mujer al trabajo y del fenómeno de la inmigración.

En este contexto, concluyó Garde, "el reto es conseguir acciones eficientes que ayuden a la estabilidad y al crecimiento, pero acompañado del desarrollo de la igualdad de oportunidades. En definitiva, que el factor de recimiento y de estabilidad no viva de espaldas al desarrollo de la igualdad de oportunidades".