El documento asegura que durante 1994 los organismos comunitarios abrieron a España 86 procedimientos de infracción, situándose por detrás de Alemania (90), Francia (90), Portugal (96), Grecia (96) e Italia (102).

Por debajo de España se sitúan otros países como Dinamarca, que registra el menor número de procedimientos abiertos (57), seguida de Luxemburgo (64), Irlanda (70), Holanda (73), eino Unido (73) y Bélgica (77).

La principal fuente en que se basa la Comisión para ejercer su control son las reclamaciones, que según sus estadísticas siguen manteniéndose en los niveles de años anteriores, llegando a analizar en 1994 1.433 denuncias de diverso orígen.

Pese a esta "lista negra", la Comisión se muestra satisfecha por el nivel de cumplimiento de sus directivas, ya que las normas de la UE incorporadas al derecho nacional por los Estados miembros, al haberse logrado la plena transpsición del 91,8 por ciento de las disposiciones aplicables al 31 de diciembre del año pasado.

Los responsables comunitarios tiene especial preocupación por el nivel de adaptación de las leyes nacionales a la normativa de la UE, ya que la adopción medidas que no se comunican a los órganos de la Comisión, son el principal foco de procedimientos abiertos por presunta infracción de la legislación europea.

MALA APLICACION DE LA DIRECTIVA

En el caso español, 62 de los 86 procedimientos abiertos en 194 lo fueron por aplicación de medidas no comunicadas a la Comisión, mientras que 14 corresponden a la mala aplicación de directivas y 10 la puesta en marcha de normativas que no son conformes a normas o tratados de la UE.

El informe de la Comisión señala también que los principales incumplimientos se producen en materia de libre circulación de mercancías, de contratos públicos -en donde más aumentan las reclamaciones- y en la aplicación del IVA, por la complejidad de los procesos legislativos fiscalesen los países de la UE.

Además, el documento expresa su preocupación por la lentitud con que los Estados miembros cumplen las sentencias del tribunal de Justicia cuando son condenados por incumplimiento, potestad que recibió en el Tratado de Maastricht.