Las autoridades inglesas iniciaron procedimientos judiciales contra tres pesqueros con pabellón británico por pescar ilegalmente merluza, a los que multaron con más de 1,6 millones de libras.

Algunos barcos con bandera inglesa llevan la pesca a puertos españoles y el Reino Unido quiere que se refuercen las inspecciones, según señaló Arias Cañete, lo que el Gobierno español ya ha comenzado a efectuar poque ambas administraciones estan de acuerdo en que los pescadores que cumplen la ley no deben estar en desventaja con respecto a los que no la respetan.

Arias Cañete informó que las autoridades españolas han realizado 14 inspecciones en puerto de barcos con pabellón inglés en el primer trimestre de este año, con el resultado de 6 actas de infracción.

En unos casos la apertura del expediente fue por no efectuar el preaviso de llegada a puerto español, en otros porque las cantidades de pescado que iguran en la comunicación de entrada no coinciden con las anotadas en el diario de a bordo y en otras porque en el diario de a bordo no se consignan las horas de largada, de virada y de finalización de las operaciones de pesca.

TRANSPARENCIA

"El Gobierno español, que quiere tener una política absolutamente transparente y de combatir la pesca ilegal, ha ofrecido su máxima cooperación porque en un momento en que en las aguas comunitarias estamos teniendo discusiones políticas muy duras para fijar los otales autorizados de capturas y estamos reduciendo la actividad de todas nuestras flotas, como ha dicho la ministra británica no podemos consentir que los que faenan ilegalmente tengan una competencia desleal con aquellos pescadores que observan los totales autorizados de capturas", afirmó el ministro.

Por otro lado, Arias Cañete y Beckett intercambiaron sus respectivos puntos de vista sobre la reforma de la Política Agraria Común y las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En la cuestión de la PAC, los agricultores del Reino Unido están "muy a favor de las reformas" de Fischler, al contrario que las organizaciones agrarias españolas, pero ambos ministros coincidieron en buscar "áreas comunes" y "problemas similares" para España y Gran Bretaña, según señaló Beckett.

El ministro español explicó a su homóloga que el desacoplamiento o desvinculación de la producción de las ayudas tendría consecuencias muy negativas para los cultivos herbáceos y por tanto para zonas desfavorcidas de varias comunidades autónomas, así como para el arroz y los frutos secos, entre otros productos.

Por su parte, Beckett comprendió la situación española y dijo que por esa razón defendían ante el conjunto de los socios comunitarios un "sobre nacional del 10%" para que cada Estado lo dedique a corregir los desequilibrios que crea más importantes.