Entre los puntos principales de esta directiva destacan la construcción de un mercado abierto para el comercio electrónico; que el prestador de los servicios suministre al usuario su nombre, domicilio y dirección de comercio electrónico; y que los operadores de red no serán responsables de los perjuicios producidos a los contratantes a través del comercio electrónico.

Además, según la directiva, los estados miembros promoverán la autorregulación a través de códigosde conducta de los operadores y de un sistema arbitral de resolución de litigios, incluso por vía telemática, y velarán porque la jurisdicción de cada país miembro pueda adoptar medidas cautelares para poner término a cualquier presunta infracción.