Así se recoge en el informe ‘Fumigaciones aéreas ilegales de plaguicidas: el caso concreto de los arrozales’, elaborado por Ecologistas en Acción y difundido este miércoles.

El informe incluye también la opinión del Defensor del Pueblo que declaró ilegales las fumigaciones aéreas realizadas con plaguicidas no autorizados para este método de aplicación, en respuesta a una queja de Ecologistas en Acción.

La normativa prohíbe la pulverización aérea como norma general. Solo permite excepciones si los métodos aéreos tienen claras ventajas para la salud humana y el medio ambiente o si no hay ninguna otra alternativa viable.

En estos casos, las comunidades autónomas ostentan la competencia de otorgar autorización excepcional a la fumigación aérea de un plaguicida previamente permitido para este tipo de aplicación.

Sin embargo, si se fumiga un plaguicida que no ha sido autorizado para su uso aéreo, se requiere una segunda autorización excepcional, en este caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES

Durante los últimos siete años, se han concedido 34 autorizaciones excepcionales a plaguicidas empleados en el cultivo del arroz, de las que nueve se otorgaron a la fumigación aérea de plaguicidas.

Estas autorizaciones fueron repetidas, rutinarias y sus causas, casi siempre económicas, incumplían los requisitos que exige la ley, según Ecologistas en Acción. Además, se fumigaron plaguicidas sobre espacios naturales protegidos sin realizar ningún estudio previo de evaluación de su impacto ambiental.

En 2021, Ecologistas en Acción solicitó al Defensor del Pueblo que estudiase la legalidad de las fumigaciones aéreas sobre arrozales. En pasado mes de marzo, la institución dirigida por Ángel Gabilondo apostó por el cese de estas autorizaciones, que declaró ilegales, al igual que las que puedan producirse en el futuro.

Además, el Defensor ha constatado que las autorizaciones al método aéreo se dan de forma sucesiva, sin tener en cuenta el carácter excepcional o especial que deben tener estas excepciones y sin transparencia por parte de las comunidades autónomas.

“El Ministerio de Agricultura debe ayudar a la expansión del cultivo de arroz sin plaguicidas y oponerse a la competencia desleal que supone la importación de arroz con plaguicidas prohibidos en el Estado español”, indicó Kistiñe García, portavoz de Ecologistas en Acción.