En un comunicado, UGT señala que ese diferencial se situó en 2003 en 8,6 puntos, al representar el gasto social europeo una media del 28,3% del PIB comunitario, mientras que el español suponía el 19,7%.

UGT calcula que los compromisos de la ley de dependencia exigirán, cuando la normativa esté en pleno rodaje, exigirán un 1% del PIB para su financiación, y que los de la ley de igualdad requerirán un gasto de unos 400 millones de euros.

A eso se suman otros 2.000 millones de euros de las mejoras adicionales por encima de la inflación de las pensiones mínimas, y 360 millones más por la compensación de pensiones para prejubilados antes de 2002, a los que no se les aplicó la mejora de los coeficientes reductores del acuerdo de 2001.