Navarro, que participó en el Fórum Europa junto a su homónimo portugués, Fernando Neves, puntualizó que la Unión Europea "no tiene ni las competencias, ni las bases jurídicas, ni los medios suficientes" para abordar el problema.

Pese a ello, a iniciativa española, la Unión Europea ya ha discutido la posibilidad de articular políticas comunes y sentó los principios globales de actuación en las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre. "Ahora estamos intentando poner en marcha ese enfoque global", indicó.

Esos principios contemplan el establecimiento de "cuotas" de inmigrantes "legales" que vengan a Europa a trabajar con contrato y la articulación de mecanismos que permitan venir a estudiar en universidades europeas a jóvenes de países de origen del fenómeno migratorio.

Al mismo tiempo, dijo que la UE tiene que abordar la inmigración ilegal desde el convencimiento de que hay que proteger las fronteras exteriores y establecer acuerdos con países africanos para que readmitan a sus oriundos en caso de ser interceptados. En la actualidad, Europa sólo tiene acuerdos de readmisión con Sri Lanka, Albania y Rusia.

Navarro insistió en que estas políticas no podrán ser efectivas si no hay un compromiso decidido para ayudar al desarrollo de los países de origen.

"Tenemos que ser conscientes de que no podemos poner parches, que levantando muros y enviando barcos y aviones no se soluciona este problema. A medio plazo hay que desarrollar Africa. Es una tarea de titanes", manifestó, para agregar a continuación que resulta imprescindible impulsar el comercio y abrir los mercados europeos a los productros africanos.

A partir de enero próximo las nuevas perspectivas financieras de la UE contemplan la creación de tres nuevos fondos: uno para el control de las fronteras dotado con 1.800 millones de euros, un segundo para financiar el retorno de ilegales a sus países de origen y un tercero para facilitar la integración de inmigrantes legales.

En la actualidad se operan cuatro vuelos conjuntos de repatriación de ilegales y participan en este programa un total de once países. Según los cálculos de la UE, dentro de sus fronteras hay unos 12 millones de inmigrantes ilegales y más de 23 millones legales.