Aído hizo estas declaraciones durante la inauguración del Seminario sobre la Convención del Consejo de Europa para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que se celebra hoy y mañana en la Escuela Diplomática y que se trata de una de las actividades en el marco de la presidencia española del Consejo de Europa.

En el acto, la titular de Igualdad destacó que esta ratificación se enmarca en el "compromiso inequívoco" del Ejecutivo contra la lucha por esta "lacra social", que ha denominado como la "esclavitud del Siglo XXI".

Aído, que estuvo acompañada entre otros por el secretario de Estado de Exteriores, Ángel Lossada, manifestó que la trata de seres humanos es "mucho más que un delito" porque es una "violación de los Derechos Humanos".

Esta explotación, dijo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afecta cada año a unos 2,5 millones de personas y es un "negocio trasnacional" que genera unos 7.000 millones de dólares anuales y se sitúa en el "tercer lugar" de los negocios ilícitos "más lucrativos" tras el tráfico de drogas y de armas.

Por su parte, el "número dos" de Exteriores destacó que la defensa de los Derechos Humanos es una de las "prioridades" de España en la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que acaba de asumir el 27 de noviembre por seis meses.

Lossada dijo que, ante la "creciente dimensión" que está alcanzando la trata de seres humanos, "se han hecho muchos esfuerzo pero todavía no son suficientes".

Por ello, señaló, España mantiene un "compromiso firme" para combatir "esta lacra, que para nuestra vergüenza sigue existiendo," y ratifica el convenio del Consejo de Europa.

Marta Requena, experta en el tema y directora de la División de Igualdad de Género y Acción contra la Trata del Consejo de Europa, destacó que "la trata es universal y no tiene barreras en las fronteras".

Requena señaló que este convenio, ratificado por 19 estados y firmado por 22 de los 47 miembros del Consejo de Europa, incluye un mecanismo de control de los Derechos Humanos por el que expertos independientes controlarán la aplicación del tratado en los Estados firmantes y publicarán informes sobre lo que se hace bien y lo que no.