La suscripción de este acuerdo, efectuada en noviembre de 1989, obligó al Goberno a crear la Comisión Nacional Antidopaje, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero.

La comisión tendrá la función de divulgar toda la información relativa al usode sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, realizar informes y promover acciones de prevención contra el consumo de sustancias prohibidas en competiciones deportivas.

Además, determinará una lista de competiciones oficiales de ámbito estatal en las que será obligatorio el control y participar en la elboración del reglamento sancionador, incluyendo a las federaciones deportivas en la apertura de los expedientes disciplinarios.

El convenio europeo, por el que España se regirá a partir del próximo día 1 de julio, potencia la ayuda financiera para larealizaciíonde los istemas de control en las diferentes pruebas.

Asimismo, establece un nexo entre la aplicación estricta de la reglamentación antidopaje y la concesión de subvenciones tanto a organizaciones de los acontecimientos como a los deportists.

El Consejo de Europa constituyó en su día un "grupo de seguimiento" que se dedica a la revisión periódica del contenido de las listas de sustancias prohibidas y la aplicación del convenio.

En la actualidad, el convenio europeo está ya en vigor en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Noruega, Polonia, San Marino, Suecia, Reino Unido, Rusia y Yugoslavia.