La Convención establece que los estados deben poner en marcha, bien a través de su legislación o a través de acuerdos administrativos, programas con fondos públicos para las víctimas de delitos intencionados violentos, estableciendo los requisitos mínimos para estos programas y especificando los casos en los que se debe pagar una indemnización.

Según informa el Consejo de Europa en nota de prensa, el documento requiere que el Etado correspondiente no compense sólo a sus ciudadanos, sino también a víctimas de otras nacionalidades que hayan sido agredidas en su territorio, incluidos los trabajadores inmigrantes, turistas, estudiantes, etcétera.

Asimismo, fija una cifra mínima y máxima para las indemnizaciones y estipula que la compensación podrá ser denegada en el caso de que la víctima sea miembro de una banda criminal o una organización que cometa actos violentos.

La convención que hoy ha ratificado España, por medio d su representante permanente en el Consejo de Europa en Estrasburgo, Guillermo Kirkpatrick, entrará en vigor en nuestro país el 1 de febrero de 2002.

Esta norma ya está en vigor en Azerbaiyán, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido, mientras que el próximo mes de diciembre entrará en vigor en Portugal y también ha sido firmada por Bélgica, Grecia y Turquía.