La primera parte de la Carta define las lenguas regionales o minoritarias como lenguas no oficiales utilizadas tradicionalmente en un país por nacionales de ese mismo país que forman un grupo mucho más reducido que el resto de su población. Esta definición excluye los dialectos de las lenguas oficiales y lenguas de emigrantes, aunque da un especial tratamiento a las lenguas que no tenen un territorio concreto como el romaní o el hebreo.

Con la firma de la Carta, los Estados se comprometen a diversas cuestiones: reconocimiento de las lenguas minoritarias o regionales, respeto del área geográfica en que se habla, la necesidad de resolver acciones para promover esas lenguas, dar facilidades al estudio y enseñanza de las mismas, dar facilidades a los no parlantes a que las aprendan, eliminación de la discriminación, promoción del respeto mutuo entre los grupos lingüísticos diferente, establecimiento de entidades que representen los intereses de las lenguas minoritarias o regionales, y la aplicación de los principios de la Carta a las lenguas sin territorio.

Este documento incluye la promoción de medidas en el ámbito público como la educación, los tribunales, la administración pública, los medios de comunicación, las actividades culturales o los intercambios transfronterizos.