El primer dictamen se refiere a las prácticas administrativas sobre la recepción y matriculación de vehículos, que, para la Comisión, constituyen una traba a la libre circulación de mercancías en el seno del mercado único.

Las quejas contra las reglas en vigor en España son las obligaciones impuestas por la recepción de automóviles nuevos, el cntrol técnico del vehículo sea cual sea su antigüedad y las prácticas administrativas que apuntan a desalentar las importaciones de coches.

Las autoridades españolas confirmaron su intención de notificar una modificación de esta legislación, pero no lo han hecho.

Además, el Ejecutivo comunitario ha enviado otro dictamen motivado contra España porque la distribución de tabaco procedente de otros Estados miembros está sometida a ciertos modelos de autorización que se consideran contrarios a la legilación comunitaria.

La ausencia de transparencia y de seguridad jurídica; la asusencia de independencia en las autoridades, que según la Comisión favorecen el tabaco producido en España, de las condiciones desproporcionedas de concesión de la autorización y la larga duración de tiempo de los procesos, son varias de las trabas injustificadas a la comercialización del tabaco producido en España.

Durante varios años todas las peticiones de distribución al por mayor fueron rechazadas. En opinión de l Comisión, la aplicación de la legislación comunitaria hecha por la administración española ha dado como resultado que el sector de la distribución de tabaco, que debería haberse abierto hace diez años, ha quedado prácticamente un quasi monopolio de la empresa Tabacalera SA.