Así lo explicó el ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, en unas declaraciones a la prensa en Luxemburgo antes de la reunión del Consejo. “Hay que monitorizar de manera estrecha las consecuencias de la implantación del sistema”, defendió Puente, quien advirtió de que si se producen fugas de carbono no se consigue el objetivo de la normativa porque no se evitan emisiones.

Sin embargo, reconoció que hasta este momento el posible impacto negativo en los puertos españoles no se está notando como consecuencia del desvío del tráfico del Mar Rojo, que al pasar por el Cabo de Buena Esperanza beneficia a los puertos españoles, especialmente a Las Palmas de Gran Canaria. “El mercado está distorsionado”, apuntó.

Pese a ello, incidió en la importancia de que Europa se anticipe ante posibles desvíos de tráfico porque “el barco que se ubique en otro puerto es muy probable que no lo recuperemos”.

De momento, según explicó, diez países se han adherido a la propuesta española, el último Polonia que lo ha hecho esta misma semana. Entre las posibles modificaciones, Puente se refirió a que la Organización Marítima Internacional (OMI) exija una normativa global o que se grabe a los contenedores y no a los buques.