Según indicaron a Servimedia fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID), la delegación oficial española, además del citado ministro, estará integrada por el director de la Oficina de Derechos Humanos, Julián Palacio; el embajador de España en los organismos de la ONU en Viena, Fernando Arias; la Defensora del Pueblo en funciones, Margarita Retuerto; el director general de Organismos y Conferencias, Juan López Chicherri, y otros representantes de los miisterios de Asuntos Sociales y de Justicia.

España defenderá también una iniciativa que apoyan numerosas ONGs: la creación de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con capacidad para coordinar, prevenir y adoptar iniciativas en este ámbito.

Respecto a la cuestión presupuestaria, España considera que hay que incrementar los recursos destinados al Centro de Derechos Humanos y, en general, a las actividades de Naciones Unidas en esta materia -que en la actualidad suponn menos de 1% de todo el presupuesto de la ONU-, pero estima que debe hacerse mediante una reasignación de los recursos de la organización.

Entre otros objetivos de la delegación española destaca la aprobación de un plan de acción para el futuro que comprendería medidas para prevenir el racismo y la xenofobia, así como salvaguardar los derechos de los niños, minusválidos y otros grupos desprotegidos.

Estas iniciativas coinciden con las propuestas recogidas por siete ONGs españolas que participan urante estos días en el Foro de ONG que se celebra en Viena y que se presentarán igualmente en la Conferencia.

Durante lo que va de año, el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recibido más de 125.000 denuncias de violaciones de derechos humanos, casi el triple de las recibidas en todo 1992.

Igualmente, el número de casos de "desapariciones" sobre los que se ha informado excede ya con creces las cifras correspondientes a 1991 y 1992, por lo que se ha agotado prácticamene el presupesto que tenía asignado el citado centro.

Uno de los objetivos de esta Conferencia, la segunda que se realiza después de la celebrada en Teherán en 1968, será la de evaluar los progresos realizados en materia de derechos humanos y examinar los modos de mejorar las aplicación de las normas e instrumentos existentes.