El pasado mes de noviembre, el Gobierno encomendó la gestión técnica del Registro Nacional de Derechos de Emisión a Iberclear, sociedad de gestión de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores, organismo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y que se configura como una base de datos electrónica en la que constará quién dispone de derechos de emisión y en qué cuantía.

Además, en el registro se inscribirán todas las operaciones relativas a la expedición, titularidad, transmisión, transferencia, entrega, retirada y cancelación de derechos de emisión, de manera permanente y actualizada.

El registro, que será accesible al público, necesita de un "software" específico que actualmente comercializan únicamente dos países: Francia y Reino Unido. El Gobierno español ha elegido finalmente la propuesta francesa por ser la única "con la flexibilidad suficiente como para dar respuesta a las necesidades de las comunidades autónomas".

El diseño del "software" francés está pensado para hacer frente a las necesidades que pueden plantear las administraciones autonómicas, algo que ya sucede en Alemania y Bélgica, países que ya cuentan con esta aplicación.

El objetivo final es reducir las emisiones de CO2 en la Unión Europea de forma económicamente ventajosa y respetando los compromisos contraídos con el Protocolo de Kioto. Esta normativa comunitaria prevé la creación en todos sus Estados miembros de un registro que permita llevar la cuenta exacta de cada uno de los derechos de emisión.