En un comunicado, ambas organizaciones exigieron al Gobierno que inicie una investigación "urgente" a este respecto.

En este sentido, aseguran haber remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para expresarle su "profunda preocupación", tanto por la gestión que el Gobierno español está realizando de la pesquería de atún rojo, como por la "ocultación y tergiversación de los datos reales de captura" que se produce en España, según los ecologistas.

Por otra parte, estas ONG lamentan "el panorama desastroso" del control de las actividades pesqueras en España que, a su juicio, revela un informe hecho público ayer por el Tribunal de Cuentas Europeo sobre los sistemas de inspección, control y sanciones en materia de pesca de seis Estados miembros de la Unión Europea.

Según relatan los ecologistas, entre las acusaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas figura que en el año 2005 habría un desfase de un 40% entre las declaraciones de capturas de España a la Comisión Europea y los mismos datos de las bases de datos nacionales españolas.

En concreto, España habría declarado a la Dirección General de Pesca de la Unión Europea unas capturas de 262.900 toneladas de pescado, mientras que en las estadísticas nacionales figuran 431.900 toneladas, con "una diferencia abrumadora" de 169.000 toneladas.