Por ello, España ya ha respondido "decididamente" ante esta crisis, destinando más de 50 millones de euros a programas de las Naciones Unidas cuyo objetivo es paliar los efectos de la carestía alimentaria mundial.

Se estima que actualmente 82 países en desarrollo se encuentran en una situación de déficit alimentaria, afectados por un alza de precios debido a una compleja combinación de causas.

Entre ellas, el informe identifica la especulación con los productos alimentarios, las restricciones a la exportación, el desequilibrio entre la oferta y la demanda, la subida del precio del petróleo y la disminución del apoyo a la agricultura.

El Gobierno español defiende una acción concertada internacional, coordinada especialmente con los Estados comunitarios y las Naciones Unidas, basada en el incremento de la ayuda oficial al desarrollo dirigida a la seguridad alimentaria especialmente destinada a África.

Asimismo cree necesarios la coherencia de las políticas comerciales y de apoyo a biocombustibles con la seguridad alimentaria; el apoyo a la investigación y el desarrollo agrario; y el recurso de las medidas de protección social y respaldo específico a pequeños agricultores.