La Coisión considera que España "ha faltado a las obligaciones" que fija la normativa comunitaria sobre la formación de los profesionales del sector, que no son superadas en nuestro país.

Además, la denuncia de la Comisión se hace extensiva a que la normativa española pone trabas a que las empresas de seguridad privadas extranjeras puedan desarrollar su labor en nuestro país.

Según informó hoy la Comisión, España pone condiciones "desproporcionadas" a las empresas extranjeras del sector, mientras las spañolas pueden trabajar libremente en cualquier país comunitario sin ningún problema.

El Tribunal de Justicia ya condenó a España en 1998 porque imponía la nacionalidad española para poder trabajar en este sector y, aunque esto se suprimió de la normativa nacional, "la actual legislación sigue sin respetar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios" que prevén los tratados de la UE.

La Comisión denuncia como contrarias al derecho comunitario las obligaciones de la normativ española que exigen que estas empresas se conformen como una sociedad y no puedan actuar como una persona física, la exigencia de un capital social mínimo y de una fianza, además de la obligación de contar con una infraestuctura física y humana mínima.