Este Convenio tiene por objeto impedir la discriminación entre los contribuyentes en la esfera internacional y ofrecer un elemento de seguridad jurídica y fiscal que favorezca los intercambios comerciales entre los dos países y facilite la cooperación entre las autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones.

En el acuerdo se contempla la imposición de las rentas inmobiliarias; beneficios empresariales; transporte marítimo y aéreo; empresas asociadas; dividendos; intereses; cánones; ganancias de capital; servicios personales independientes; trabajo dependiente; participaciones de consejeros; artistas y deportistas; pensiones; función pública; estudiantes y aprendices; profesores e investigadores y otras rentas.

Otros apartados del Convenio se refieren a la aplicación de criterios de no discriminación; al procedimiento amistoso en caso de discrepancia con la forma de aplicación del Convenio; al intercambio de información entre las autoridades de los Estados contratantes; a la asistencia en la recaudación y a la no incidencia de las disposiciones del Convenio en los privilegios de los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares.