López Aguilar agradeció en rueda de prensa a Mauritania su disposición de trabajar junto a España en la lucha contra el delito y contra el crimen.

Los convenios rubricados son de extradición, traslado de personas condenadas, asistencia judicial penal y en materia civil y mercantil. El acuerdo de extradición establece taxativamente las razones que implican la denegación obligatoria de la extradición.

En este sentido, López Aguilar destacó que este acuerdo "excluye, como es habitual, de la extradición, los delitos que se conceptuan en derecho internacional como políticos, sin que ello afecte a los delitos de terrorismo".

Otro de los convenios se refiere al traslado de personas condenadas, que permitirá al condenado de uno de los dos Estados cumplir la condena que le corresponde en su país de origen.

El convenio de materia civil y mercantil "presta seguridad jurídica al tráfico económico y comercial, que es cada vez más importante y creciente" entre los dos países, subrayó el ministro de Justicia.

Finalmente, López Aguilar destacó el convenio de asistencia judicial penal, "un conjunto de herramientas y de instrumentos necesarios para asegurar la voluntad de trabajar en la lucha contra el crimen y, como es lógico, siempre de forma principal, contra la criminalidad organizada que se concreta en los tráficos ilícitos, entre ellos, los relativos al tráfico de personas".

El titular de Justicia concluyó que "éste es el primer Gobierno en la historia de España que toma en serio la evidencia indiscutible de la diferencia de renta entre dos países fronterizos como son España y África es la más alta de todo el planeta tierra".

Por su parte, el ministro mauritano de Justicia, Mahfoudh Ould Bettah, subrayó la importancia de los cuatro convenios firmados, porque, según dijo, contribuirán a una lucha "más eficaz" contra las mafias que trafican con seres humanos.

En este sentido, Ould Bettah destacó que en el marco de colaboración con España en la lucha contra la inmigración clandestina, la Gendarmería de Mauritania ha detenido a 8.000 inmigrantes irregulares que pretendían viajar a Canarias en cayucos entre enero y julio de 2006.