La revista compara el grado de propiedad pública de esos seis servicios básicos en Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia Alemania, Holanda, Italia, Japón, España, Suecia y Estados Unidos, distinguiendo entre tres situaciones: el control público por encima del 75 por cien, entre el 25 y el 75 por cien, y menos del 25 por cien.

Con estos criterios, el mayor grado de control prvado se da en Estados Unidos, donde las administraciones públicas sólo dominan por encima del 75 por cien el servicio postal, y tienen un control significativo (entre el 25 y el 75 por ciento) del ferrocarril y la electricidad, mientras que dejan en manos privadas el resto.

En el extremo opuesto figura Italia, en donde la totalidad de estos servicios tienen carácter público, Australia y Francia. Australia tiene todos los servicios públicos en manos públicas, salvo el gas, que se encuentra en una situaión intermedia, lo mismo que ocurre, pero con el agua, en el caso de Francia.

Holanda tiene bajo control público ampliamente mayoritario el ferrocarril, la electricidad y el agua, y una presencia que se mueve entre el 25 y el 75 por cien en el correo, el agua y las telecomunicaciones. En un nivel similar se encuentra Suecia, con servicios públicos de correos, trenes, telecomunicaciones y agua.

A continuación figuran España y Canadá. España mantiene bajo mando ampliamente público el correo, el ferocarril y el agua, dispone de un control parcial de la electricidad y el gas, y tiene en las telecomunicaciones el sector actualmente más liberalizado entre los grandes servicios básicos para la comunidad.

Más liberalizado es el sistema vigente en Gran Bretaña, con el gas, el agua y las telecomunicaciones ampliamente dominadas por el capital privado, que también cuenta con una participación notable en el sector eléctrico. Un nivel de privatización semejante es el de Japón, donde el capital privado mana en telecomunicaciones, electricidad, gas y parte del ferrocarril.

En una situación intermedia entre España y Gran Bretaña se encuentra Alemania, donde son privadas la electricidad, el gas y parte del suministro de agua.

"The Economist", una revista que no oculta sus preferencias marcadamente liberales en cuestiones económicas, asegura que la mayoría de los europeos creen que el beneficio no debe jugar ningún papel en el suministro de estos servicios públicos, pero que se equivocan al pensar así

Como ejemplo de que la competencia da buen resultado incluso en servicios tradicionalmente públicos, apunta que los países de la OCDE que han introducido la competencia en el sector de las telecomunicaciones se han beneficiado de reducciones de tarifas para negocios de un 8,5 por ciento entre 1990 y 1994, frente a una caída del 3,1 por cien en los que mantienen este sector monopolizado.