Según Fomento, dicha documentación fue entregada por el titular del departamento, Rafael Arias Salgado, al comisario eurpeo de la Competencia, Karel van Miert, y al responsable de Comercio y Vicepresidente de la Comisión, Leon Brittan, en la reunión que mantuvo con ellos en Bruselas el pasado 9 de octubre.

Arias Salgado reacciona así a la decisión de Van Miert de remitirle una carta en los últimos días, en la que le invita a liberalizar el mercado español de las telecomunicaciones, haciendo caso omiso de la propuesta formal realizada por el Gobierno español.

Para llegar a la liberalización en 1999, Fomento proponea Bruselas una renuncia a la mayor parte de la prórroga que el acuerdo de la Unión Europea otorga a España, junto a otros cuatro países, y que le permitiría demorar la apertura de éste sector hasta el año 2003.

Asimismo, el Ministerio plantea la posibilidad de abrir la participación de capital norteamericano en empresas españolas, sobre el principio de reciprocidad, es decir, en la medida en que las empresas de Estados Unidos permitan el acceso a su accionariado de compañías del sector con capital comnitario.

EL CALENDARIO

El calendario planteado por Madrid a Bruselas contempla dos fases: una de apertura parcial a la competencia en el negocio de telefonía vocal y libertad de uso de las infraestructuras ya existentes, que debe estar concluida el 1 de enero de 1998, y otra que completa la primera y que introduce la plena competencia hasta 1999.

En la primera fase, el Gobierno hará entrar en vigor antes de junio del año que viene la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, ahora en traitación parlamentaria. En ella el Partido Popular ha introducido dos enmiendas: una para que se recojan las exigencias de interconexión de redes requeridas desde la UE para asegurar el servicio universal; y otra que permite a los futuros operadores de cable dar servicios de telefonía local desde el 1 de enero de 1998.

Esta ley, y el desarrollo del reglamento de telecomunicaciones por cable, así como la convocatoria de concursos y la adjudicación de las concesiones deberán estar en funcionamiento en laprimera mitad del año que viene.

Paralelamente, el Gobierno enfilará el desarrollo del 'segundo operador' o 'segunda Telefónica' a partir de Retevisión, con la ya conocida creación de una sociedad anónima a la que éste ente público traspasará sus activos antes de privatizarse en ese periodo.

De esta manera, el servicio telefónico básico podría prestarse en España, además de por Telefónica, por Retevisión desde que se cree la sociedad anónima en 1997, y por los operadores de cable en su demarcació desde el 1 de enero de 1998, combinando la competencia entre todos ellos durante ese mismo año, y abriendo al sector al exterior desde 1999.

Dicho año, según el calendario detallado hecho público por Fomento, es el de la instauración de la plena competencia en España. Para ello, el Gobierno preparará una nueva legislación en el sector capaz de hacer frente a un entorno de libre mercado, mediante una Ley General de Telecomunicaciones que será enviada por el Consejo de Ministros antes de que acabe 1996 para que sea tramitada y entre en vigor antes de diciembre del próximo año.

Esta ley necesitará un desarrollo reglamentario posterior durante que se presentará en el primer trimestre de 1998, y que requerirá los correpondientes informes de consumidores, el Consejo Asesor y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ésta última ya creada y cuya finalidad es regular el sector con independencia del Gobierno en un entorno de libre mercado. Este proceso hará que no pueda entrar en vigor hasta finaes de ese mismo año.

Otros factores que el Gobierno español alega ante Bruselas para no abrir el sector antes son la necesidad de aprobar hasta 50 normas técnicas que deben dejar el mercado preparado para la competencia, así como la ejecución de un plan de adaptación de las tarifas a los costes con revisiones en 1996, 1997 y 1998.

Asimismo, desde Fomento se señala que acelerar el proceso produciría "tensiones" por su brusquedad, y que sus plazos están ligados a los estudios sobre el coste del sericio universal que deberá exigirse a todos los operadores que accedan al mercado español con la plena liberalización.

Igualmente, se indica que existen planes de numeración para albergar con uniformidad en el primer semestre de 1998 a los operadores que ya estarán operado en esas fechas, mientras que sólo hacia el primer trimestre de 1999 sería posible dar entrada en dicho sistema técnico de números para un mercado plenamente abierto, facilitando la concesión de licencias en el segundo semestre de eseaño.