Impulsada por España, Alemania y Francia, la declaración busca asegurar el derecho al voto de las personas con discapacidad y la accesibilidad en la participación política, tal como hizo España en el año 2019 con la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Supone además ajustar las legislaciones nacionales y comunitaria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que es firmante la Unión Europea junto a sus Estados miembros.

La jornada, a la que asistieron representantes de 22 Estados, arrancó con la intervención de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra.

En su discurso, destacó la oportunidad que supone la presidencia Española para seguir avanzando en “fortalecer y ampliar los derechos de las personas con discapacidad“, y mostró el compromiso firme “con una Europa más inclusiva, más social y más democrática”. A continuación, la comisaria europea para la Igualdad, Helena Dalli, apuntó la necesidad de “fortalecer la participación en los procesos democráticos de la ciudadanía con discapacidad de cara a las próximas elecciones europeas".

De hecho, anunció que la Comisión Europea está preparando una guía de buenas prácticas electorales para abordar la participación de la ciudadanía con discapacidad, en estrecha colaboración con los Estados miembros.

MOVILIDAD

Bajo el título ‘El derecho a la movilidad y la libre circulación por una tarjeta europea de discapacidad’, la primera sesión de la jornada abordó los retos y oportunidades de la puesta en marcha de la nueva Directiva de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta de Aparcamiento.

Dicha norma busca impulsar la libertad de circulación y el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad a través de un nuevo dispositivo que permitirá disponer de un sistema de homologación en el ámbito europeo para que las personas con discapacidad vean protegidos sus derechos en cuestiones como el transporte, el ocio, la cultura, o algo tan sencillo como una plaza de aparcamiento.

Según el Ministerio, esta Directiva es una cuestión prioritaria en la agenda europea de la discapacidad y está llamada a dar respuesta a la libre circulación de las personas, base del espíritu europeo y al derecho a la movilidad, reconocido en los artículos 18 y 20 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante su intervención, el secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones, Ignacio Álvarez, explicó que su implantación precisa “el firme compromiso político del conjunto de los Gobiernos y a todos los niveles” y “la garantía del cumplimiento de la accesibilidad universal de forma paralela”.

En esta sesión también participaron la ministra de Pensiones e Integración Social, responsable de Personas con Discapacidad y Lucha contra la Pobreza de Bélgica, Karine Lalieux; la ministra de Discapacidades de Italia, Alessandra Locatelli; la ministra de Inclusión, Organizaciones Voluntarias y Derechos del Consumidor de Malta, Julia Farrugia Portelli; y el representante de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Plamen Kolev.

Todas coincidieron en la oportunidad y necesidad de esta directiva y aportaron sus opiniones de cara a una visión global sobre los retos para su puesta en marcha.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La segunda sesión de la reunión, titulada ‘El derecho al voto, construyendo la democracia europea con las manos de las personas con discapacidad’, comenzó con la lectura de la citada declaración institucional, que contó con la adhesión de 21 Estados miembros, más el Foro Europeo de la Discapacidad y el Consejo Económico y Social.

En ella, los firmantes se comprometen a promover la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea para llegar a un entendimiento común sobre la garantía y ampliación del disfrute pleno y en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad; garantizar un análisis y una reflexión sobre el ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo que permita a todas las personas con discapacidad de la Unión Europea votar y ser elegidas sin restricción alguna; promover y valorar las iniciativas conjuntas que impliquen a las personas con discapacidad en la toma de decisiones de la Unión Europea; y reforzar el liderazgo de las personas con discapacidad mediante un mayor apoyo a las organizaciones que las representan, a fin de permitir una participación significativa y una mayor influencia en la toma de decisiones.

También acuerdan fomentar la eliminación de barreras, en particular para los servicios digitales, promoviendo y adoptando requisitos comunes de accesibilidad que favorezcan la participación efectiva de las personas con discapacidad en la vida política y pública; asegurar mediante ajustes razonables la accesibilidad de todo el proceso electoral, para facilitar la posibilidad de votar de forma independiente y secreta; e impulsar todos aquellos proyectos y políticas de la Unión Europea que estén alineados con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Según el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad en funciones, Jesús Martín Blanco, el derecho al sufragio es “una manifestación de la condición de ciudadanía, y por eso resulta necesario eliminar las privaciones al ejercicio del voto por razón de discapacidad”. “No se entendería que en la Europa de 2023 no se permitiera votar a las mujeres o a las personas racializadas". "Debemos superar, por tanto, la visión capacitista que sigue excluyendo a seres humanos del ejercicio de los derechos fundamentales”, reclamó.

También intervinieron el secretario de Estado Permanente en el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Rolf Schmachtenberg; la consejera internacional de la Ministra delegada encargada de las Personas con Discapacidad en Francia, Clarisse Chabernaud; la viceministra del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo de Lituania, Justina Jakstiene; y la jefa de la Unidad, Derechos de Ciudadanía de la Unión y Libre Circulación de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, Marie-Helene Boulanger.

Presentaron experiencias regionales en la reforma del derecho al voto de las personas con discapacidad, la capacitación para el voto y la labor de incidencia para dar cumplimiento al artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad relativo a la participación en la vida política y pública.

SOCIEDAD CIVIL

Ángel Losada, embajador especial para la Convención de la Discapacidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, moderó una mesa redonda en la que participaron Fernando Galarraga, presidente del Programa Iberoamericano de Discapacidad y director ejecutivo de la Agencia Nacional Argentina de Discapacidad (Andis); Gunta Anca, vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad; y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que destacaron la contribución de la sociedad civil para avanzar en la conquista de derechos humanos y transitar hacia una Europa más social.

Uno de los objetivos principales de este encuentro fue también promover la extensión de los derechos feministas a las mujeres y niñas con discapacidad, en especial para proteger su integridad frente a las violencias, poner su consentimiento en el centro y abolir y penalizar formas de violencia como las esterilizaciones forzosas en la Unión Europea.

La presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas, Ana Peláez Narváez, cerró la jornada con una ponencia titulada ‘Las mujeres y niñas con discapacidad, desafíos y propuestas en la agenda europea’, donde lamentó la falta de estadísticas para conocer la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. "Sólo hay cuatro ámbitos donde tenemos unos pocos datos: la salud, la educación, el empleo y la reducción de la pobreza", afirmó.

Resaltó que el número de mujeres con discapacidad en Europa es de unos 60 millones, igual que la suma de las poblaciones de España, Portugal y Letonia juntas. “Si no hay datos, no podemos garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados partes para con las personas con discapacidad, para con las mujeres y niñas y, muy particularmente, para con las mujeres y niñas con discapacidad”, destacó.

Durante su intervención, Peláez reclamó el impulso de un Año Europeo de las Mujeres y Niñas con Discapacidad, una de las propuestas de la presidencia Española del Consejo de la Unión Europea que se presenta como una oportunidad para desplegar medidas que las sitúen en el centro de la agenda europea de igualdad.