Los conservacionistas mantienen que las dos delegaciones son contrarias a la aprobación de nuevas regulaciones que eviten el creciente tráfico de residuos, y afirman que esta actividad está creando serios problemas de cotaminación en los Estados del norte de Africa y del Mediterráneo oriental.

Asimismo, aseguraron que los países más pobres apoyan la adopción de nuevos instrumentos legales que ayuden a extinguir esta actividad y obliguen a los productores de residuos "a aceptar las consecuencias de mantener sistemas productivos y tecnologías poco respetuosas con el medio ambiente".

Según Greenpeace, la delegación española argumentó ante la Convención, formada por todos los países mediterráneos y la CE, que ya exiten suficientes convenciones internacionales que regulan el tráfico de estas sustancias.

"Los países africanos, sin embargo", agregaron, "se han negado a firmar alguna de estas convenciones por considerarlas débiles e ineficaces para evitar esta actividad y proteger sus intereses ambientales".

La organización ecologista, que ha presentado a la Convención un inventario que detalla unos 50 casos de tráfico de residuos en este mar en los últimos dos años, ha criticado duramente la actitud de la CE. Xavier Pastor, presidente de Greenpeace España, indicó que "nuestro país y otros Estados desarollados se escudan bajo argumentos de procedimiento. Pero, en realidad, lo que pretenden es dejar las puertas legales abiertas al comercio para poder librarse de sus desechos tóxicos depositándolos en el Tercer Mundo".

La denominada Convención de Barcelona celebra reuniones plenarias cada dos años para intentar mejorar la situación ecológica de la región. Desde 1985, Greenpeace participa en ellas como obsrvador.