Estas residencias se carcterizan por tener precios muy inferiores a la mayoría de los centros privados, lo que conlleva que abaraten sus costes con personal insuficiente, con baja formación o en malas condiciones laborales.

La revista, editada por las principales organizaciones de consumidores, aconseja, al solicitar los servicios de una residencia privada, que se pida la autorización de la comunidad autónoma correspondiente, exigir un contrato a firmar y sospechar de los centros con horarios de visita restringido, ya que pude suponer que la dirección no desea que se vea cómo funciona la residencia.

"Y un ejemplo claro de que el centro puede caracer de las garantías necesarias es que sus precios sean demasiado bajos, ya que un anciano asistido, por ejemplo, necesita una ayuda muy concreta y especializada que tiene su coste", añade.

Una solución para este problema sería endurecer los castigos para las residencias 'piratas' y hacer corresponsables a las familias del delito, ya que según la patronal de residencias privdas "en muchas ocasiones los hijos son tan culpables como los dueños de las residencias".

En las residencias privadas los precios pueden ser incluso superiores a las 150.000 pesetas al mes. En cambio, el Inserso (Instituto Nacional de Servicios Sociales) ofrece en sus residencias unos precios que rondan el 75% de la pensión de los ancianos, pero sus plazas se limitan a 14.500.

De esta forma, las residencias públicas y asociadas cuentan con unas listas de espera de unas 27.000 personas. Según Ciuddano, para cumplir los objetivos del Plan Gerontológico Nacional en el año 2000 (3,5 camas por cada 100 habitantes mayores de 65 años), serían necesarias la creación de 50.000 plazas, lo que supondría un esfuerzo económico de 250.000 millones de pesetas.