De las reclamaciones de España, sólo dos dieron lugar a investigaciones en las que se constató una mala administración de las instituciones comunitarias, según el informe anual presentado por Jacob Söderman, Defensor del Pueblo Europeo.

Durante 1999, esta institución recibió 1.577 reclamaciones de todos los países de la Unión Europea e inició 206 investigaciones sobre posibles casos de mala administración, además de 5 investigaciones de oficio. Las 227 reclamaciones españlas supusieron el 14% de todas las recibidas por el Defensor del Pueblo Europeo el año pasado.

Dicha institución examina reclamaciones referidas a actividades de instituciones u órganos de la Unión Europea, pero no es competente en las relativas a las actividades de las administraciones nacionales y locales, aunque estas últimas se refieran a la aplicación del Derecho comunitario.