El Gobierno español quiere que la firma y posterior ratificación del texto se produzcan lo antes posible, con objeto de que España sea uno de los treinta países que pongan en marcha el acuerdo.

En cuanto al almacenamiento y destrucción de las municiones de racimo existentes, se establece que deberán ser separadas y marcadas para su destrucción, siguiendo normas internacionales para la protección salud pública y respeto al medio ambiente, en un plazo máximo de ocho años, con la posibilidad de prórrogas adicionales de cuatro años.

Existe la posibilidad de retención de un número limitado de municiones de racimo para entrenamiento en técnicas de detección, limpieza y destrucción, en cuyo caso se presentará un informe detallado al respecto.

El texto recoge la obligación de informar sobre medidas nacionales de implementación adoptadas, número y características de las municiones de racimo que se poseen y fabrican, programas de reconversión o cierre de las instalaciones de producción, ubicación de lugares de destrucción, métodos de destrucción utilizados y otros datos.