En el convenio civil se recoge la definición del término corrupción, las indemnizaciones que caben por los daños sufridos, el principio de responsabilidad, la responsabilidad del Estado, los plazos de prescripción y la aplicación territorial, entre otras medidas.

Según informó el Gobierno, el convenio busca que los estados firmantes establezcan en su derecho interno procedimientos eficaces a favor de las personas que hayan sufrido daños resultantes de actos de corrupción, incluyendo lo relativo a las indemnizaciones que correspondan.

El Grupo de Estados contra la Corrupción, que comenzó su labor en mayo de 1999, es el encargado del seguimiento de este convenio, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2003 y que será firmado próximamente por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.

En cuanto al covenio penal, los estados firmantes deberán realizar una definición de tipos penales, con el compromiso de incorporarla a su legislación penal interna, establecer reglas sobre responsabilidad penal, la competencia para proceder, el sistema de sanciones, la extradición y el establecimiento de un sistema de autoridades competentes.

Asimismo, se instaura un sistema de cooperación internacional y asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados firmantes.