El objetivo es intensificar la cooperación económica con los dos países y crear unas condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores de cada uno en el territorio del otro.

Las inversiones cubiertas por los Acuerdos son, aunque no de forma exclusiva, la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, gravámenes, prendas y derechos similares; las participaciones, acciones y obligaciones de una sociedad o cualquier otra forma de participación en una sociedad o empresa; y el derecho a aportaciones monetarias o a cualquier otro tipo de prestación contractual que tenga valor económico y esté relacionada con una inversión.

También se protegen los derechos de propiedad intelectual, procesos y conocimientos técnicos y fondo de comercio; y los derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por la ley o en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

Desde el punto de vista de su contenido, los Acuerdos establecen que las inversiones no serán sometidas a expropiación, salvo por causa de utilidad pública, con arreglo al procedimiento legal, de manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

Asimismo, contemplan el tratamiento que debe aplicarse, a título de compensación, en caso de pérdidas debidas a conflictos armados, disturbios o acontecimientos similares.

También garantizan a los inversores la libre transferencia, sin demora, en moneda libremente convertible y al tipo de cambio aplicable en la fecha de la operación, de todos los pagos relacionados con sus inversiones.

Finalmente, cada país concederá a las inversiones efectuadas por inversores del otro país un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones realizadas por sus propios inversores o por los de cualquier tercer Estado.