Según CEAR, "el Gobierno español ha vulnerado así la ley de asilo, que establece que cualquier proceso de extradición se debe suspender, si el afectado es solicitante de asilo, hasta que se tome una decisión sobre dicha solicitud" por lo que pide que el Gobierno "explique urgentemente dónde y cómo se encuentra".

Además, la organización denuncia que "el Gobierno ha incumplido también la ley al no notificar a la Audiencia Nacional que este ciudadano era demandante de asilo".

El servicio jurídico de CEAR, que representa a este ciudadano ruso en su solicitud de asilo, informó de que la noticia de la ejecución de la extradición llegó ayer, 7 de julio.

Según CEAR, "es la segunda vez en los últimos meses que España extradita a Rusia a una persona de la que hay indicios de que corre el riesgo de sufrir persecución y antes de que se resuelva su petición de asilo".

La Comisión considera que el Gobierno español quebranta así el artículo 33 de la Convención de Ginebra: "Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por sus opiniones políticas".

Por este motivo, CEAR exigió ayer "una investigación urgente que establezca las responsabilidades en este tipo de prácticas que violan la legalidad internacional y nacional, ponen en peligro a personas que se encuentran bajo protección y dejan muy en entredicho los discursos y declaraciones sobre protección de los derechos humanos en España".