Durante su intervención ante la XV Conferencia de Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en Nueva York (EEUU), afirmó que ese compromiso ya lo ha asumido el Gobierno español, que “ha erradicado del ordenamiento jurídico las esterilizaciones forzosas, como una de las conculcaciones más graves contra los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad”.

Agregó que en España “próximamente se aprobará la nueva ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que considerará como formas de violencia la esterilización, la anticoncepción y el aborto forzados”.

Esta norma incorporará la accesibilidad universal “para asegurar que las mujeres con discapacidad tomen decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva”, prosiguió, así como una ley de familias para que las personas con discapacidad “cuenten con salvaguardas y apoyo para formar la suya”. En su opinión, “el mundo tiene una deuda con los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad”.

Por eso, “proponemos que la Conferencia de Estados Parte de la Convención de 2023 se dedique de manera monográfica a este asunto”, y reclamó “una Conferencia liderada por las mujeres, con las mujeres y para las mujeres con discapacidad”.

OTROS TEMAS

Martín Blanco reclamó también una transición justa que considere la creación de trabajo decente y empleos verdes y una fiscalidad justa que dé incentivos a las personas con discapacidad a la hora de contratar energías renovables y productos con baja huella de carbono.

Entre las propuestas españolas en la mesa sobre cambio climático, abogó por establecer una política de cooperación al desarrollo que invierta en el apoyo las personas con discapacidad y asegure la accesibilidad universal, tanto en protocolos y dispositivos de emergencias como en todas las acciones de difusión y formación.

Asimismo, se refirió al despliegue y gestión de la Inteligencia Artificial, que “puede llegar a perpetuar el “capacitismo y la exclusión de las personas con discapacidad”, si entre sus datos no cuenta con “ejemplos de personas con discapacidad y de otros colectivos subrepresentados en muchos ámbitos de la sociedad”.

Por ello, España y los Estados Parte de la Convención deben “asegurar la presencia de las personas con discapacidad como grupo de interés legítimo” también en este ámbito, exigió.